Probablemente, las EAF sean las grandes perjudicadas de la implantación de MiFID II en España. Así lo evidencia Rafael Juan y Seva, socio director de Wealth Solutions, en el VIII Desayuno Profesional IEAF-FEF, enfocado en La industria del asesoramiento: experiencia MiFID II y futuro, quien aconseja a todas las EAF que hagan un ejercicio de reflexión.
Según Juan y Seva, uno de los principales problemas por los que las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF) no se han asentado en España es que el regulador no ha tenido voluntad clara de darles impulso. Una decisión que se ha visto definitivamente reflejada, apunta, en que solo se ha habilitado la figura del agente como prescriptor para las EAF.
En este entorno, marcado por la normativa europea MiFID II, considera que “las EAF no deben tener miedo a tomar decisiones de calado”. Entre ellas, plantea tres opciones: transformación, integración o desregulación. Desde su punto de vista, las EAF no tendrían que haber estado bajo la categoría de empresas de servicios de inversión (ESI), sino bajo otro formato donde tuvieran menos requisitos que otro tipo de ESI.
Por tanto, como esta alternativa está descartada en la actualidad, cree que la opción de desregular únicamente pasaría por la figura de agente financiero de entidades que tengan habilitada esta opción.
Otro punto que piensa que favorecería al sector de las EAF sería un posicionamiento claro del regulador sobre la definición del asesoramiento independiente y no independiente. “La prohibición total de retrocesiones habría eliminado cualquier debate”, indica. Tal y como destaca, “sería deseable claridad y contundencia y abrirse al uso obligatorio de clases limpias”.
Las empresas que tengan un modelo de negocio basado en las retrocesiones tendrían que demostrar a su cliente que el valor añadido que ofrecen compensa. No obstante, “el lobby bancario no lo va a permitir, serían las grandes perjudicadas”, reflexiona.
En estos momentos, apunta, las EAF que trabajan con varios bancos como custodio tienen difícil explicar a sus clientes porque unas entidades cobran de una manera u otra, según el modelo de negocio que tengan. “Es un verdadero sudoku recomendar al cliente”, añade.
Consecuencias
Dos años después de la llegada de MiFID II valora positivamente el incremento de formación del sector y la transparencia en costes. Negativamente, la falta de claridad en algunos aspectos y las obligaciones formales derivados de la aplicación de la norma. “Supone una mayor estructura de costes para todas las entidades, especialmente las EAF”, contextualiza. Estas obligaciones, opina, ponen en riesgo su viabilidad. “Aunque hay EAF grandes, la mayoría son microempresas con 2,5 empleados y una facturación baja con necesidad de recursos que no tiene”, explica.
