Tal y como reconocen desde el Gobierno, hasta ahora, los sistemas complementarios de pensiones han tenido principalmente un carácter individual, con poco éxito en su modalidad de empresa, poco impacto macroeconómico en la incentivación del ahorro a largo plazo y, además, un alto coste fiscal con resultados regresivo.
Mediante su reforma, indica el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia presentado a Europa, se pretende revisar el marco regulador del sistema de pensiones complementarias con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial.
En este sentido, como ya se había avanzado, para extender el uso de los planes de empleo, se desplazará la fiscalidad actualmente favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva. Concretamente, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya desplazan el
tratamiento de la fiscalidad asociada a planes de pensiones individuales a favor de este pilar de empresa; mientras que su Disposición Adicional 40 del mismo contempla la promoción pública de fondo de pensiones de empleo
El objetivo es la extensión de estos planes complementarios vinculados al empleo, de manera que la población cubierta aumente desde los dos millones de trabajadores actuales a trece millones en 2030 y hasta alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta en el largo plazo; y que los activos bajo gestión, en términos de PIB, pasen de menos del 3% al 9% al final de esta década y un 18% en 2040 y un 31% en 2050, convirtiéndose en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital.
Medidas
En esta reforma, el Gobierno planteará diferentes medidas. La más conocida hasta la fecha es la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Por otro lado, como se indicaba anteriormente, se busca extender la población cubierta por planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para jubilación con financiación mixta de empresa y trabajadores a través de la negociación colectiva de dimensión preferentemente sectorial. En este sentido, considera que se han de establecer mecanismos e incentivos que hagan efectiva esta extensión.
Por otro lado, se quiere simplificar los trámites en la adscripción y gestión de los planes de pensiones usando especialmente la digitalización para que las operaciones de alta de la empresa y del partícipe, aportación, información de rentabilidad y movimientos, petición de prestaciones y cobro sean online. Asimismo, se diseñarán mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre las diferentes empresas y sectores.
Además, trabajarán en un nuevo incentivo fiscal dirigido a impulsar este tipo de instrumentos colectivos, que beneficie especialmente el ahorro de las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes de manera más eficaz.
Por último, se limitará los costes de gestión de los planes de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados.
La implementación de la reforma, tal y como se informa en el Plan de Recuperación, se aprobará en el primer semestre de 2022, si bien la reforma tendrá un claro efecto acumulativo en el tiempo, añaden.