El capital total de la sociedad ascenderá a 5.000 millones en febrero, y el Ejecutivo pretende que un 10% lo aporten entidades internacionales para darle más credibilidad. El 55% serán accionistas privados y la mayoría serán bancos españoles sanos.
La prioridad es convencer a las entidades financieras sanas nacionales para entrar en el capital del banco, pero el Gobierno quiere darle un halo mayor de credibilidad a la sociedad, denominada Sareb, y está intentando que los grandes fondos internacionales participen en su accionariado. El plan que manejan en este momento en el Ministerio de Economía es que los accionistas privados sean propietarios del 55% (con un 10% internacionales) y el FROB se quede con el 45% restante.
Dado que el capital total con el que contará la Sareb serán 5.000 millones a final de febrero (inicialmente se conformará con 3.900 millones para hacer frente al traspaso de activos de las nacionalizadas en diciembre), los bancos nacionales tendrían que aportar 2.250 millones; los fondos internacionales, 500 millones, y el FROB, los 2.250 millones restantes.
Fuentes financieras consultadas por Funds People aseguran que por el momento no hay interés alguno por parte de los fondos internacionales (de estrategia ‘distress’ la mayoría de ellos) por invertir en esta sociedad. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía aseguran que sí lo hay y explican que hasta ahora se han acercado a ellos a través de despachos de abogados o de otros intermediarios pero sin orden. Por ello, a partir de hoy van a iniciar un proceso más organizado con cinco bancos de inversión, que se van a encargar de intentar atraer a estos inversores.
El interés de estos fondos es estar cerca de la toma de decisiones del banco malo, al que luego intentarán comprar activos, aseguran en el Ministerio, aunque al tiempo reconocen que no lograrán una participación suficiente para estar dentro del Consejo de Administración. De esa forma justifican que no habría conflicto de intereses si participaran en el capital de la sociedad y después en los diferentes fondos internos.
Por si acaso no consiguen atraerlos (dado que estos inversores estarían reclamando una rentabilidad anualizada del 25% como mínimo y el plan del Gobierno cuenta con retornos del 14-15%), desde el Ministerio ya advierten de que no es estrictamente necesaria su participación en la Sareb. Donde sí cuentan con su aportación es posteriormente cuando se formen los fondos de activos (FAB). En ellos se empaquetarán diferentes tipos de inmuebles y se venderán en bloque a estos fondos ‘distress’ para que sean ellos quienes los gestionen y les saquen rendimiento. Para ello se ha concedido un tratamiento fiscal ventajoso que haga más atractiva la inversión.
Santander confirma su presencia en el accionariado
El Gobierno tiene más confianza en los inversores nacionales. De momento, ya les ha confirmado su presencia el Banco Santander, y a partir de ahí se espera que entren La Caixa, Banco Sabadell y el resto de entidades sanas con la única duda de BBVA, que está poniendo ciertas reticencias. Además, se confía en que entren algunas de las casi 40 aseguradoras que operan en España.
La aportación se realizará en una quinta parte en capital (con la compra de acciones) y las otras cuatro quintas partes, a través de la compra de deuda subordinada que emitirá la Sareb y por la que pagará un rendimiento anual del 8%. Por tanto, la cuenta final que hacen en el Ministerio es que en total haya 1.000 millones en equity y 4.000 millones en subordinada.
El FROB, por su parte, tendrá que hacer emisiones de deuda senior (a un tipo de interés idéntico al del Tesoro), que le entregará a los bancos nacionalizados a cambio de los activos inmobiliarios que aporten a la Sareb. Las entidades podrán ir al BCE y descontar esos títulos para obtener liquidez.
El plan del Gobierno cuenta con crear la sociedad con un capital mínimo antes de que acabe noviembre, para luego realizar una ampliación de capital a mediados de diciembre una vez que se conozcan los accionistas definitivos. De esa forma, se podrá hacer el traspaso de activos antes de final de diciembre, como obliga el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado con la Unión Europea.
