El Gobierno reduce las desgravaciones a planes privados y creará un fondo público de pensiones colectivo

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Foto: Marsmet546, Flickr, Creative Commons

El Gobierno ha presentado este martes, antes de la celebración del Consejo de Ministros, las claves de los Presupuestos Generales del Estado. En materia de pensiones, el Ejecutivo ha anunciado una reducción de las desgravaciones a los planes de pensiones privados, tal y como ha confirmado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la comparecencia que ha hecho junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, la propuesta legislativa elaborada por el Gobierno rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites de aportación a sistemas de previsión social individuales, al tiempo que eleva de 8.000 euros a 10.000 euros el límite para los sistemas de empleo.

No es ninguna sorpresa, ya que el pasado mes de marzo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya adelantó que una de las propuestas del Gobierno sería trasladar los beneficios fiscales de los planes individuales a los planes de empleo. 

Precisamente, el apoyo al segundo pilar del sistema es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones en España. El texto, que fue acordado el pasado viernes, fue aprobado este martes en la comisión parlamentaria con amplio consenso entre los grupos parlamentarios. Ya solo falta que se vote el texto final en el pleno del Congreso.

Entre los objetivos en materia de Previsión Social Complementaria del Pacto de Toledo también está la creación desde la Administración de un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto. Esto daría respuesta a una de las recomendaciones de la Comisión: “Dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria […] y la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva de empleo”.

En ese sentido, ponen como ejemplo “de éxito” a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en el País Vasco, un sistema vinculado a convenios colectivos sectoriales en el que el trabajador aporta un 1% y la empresa otro 1% al plan de pensiones. Y que cuenta con ventajas fiscales.

La industria, en contra

Desde Inverco y Unespa se muestran en contra de la reducción sustancial del límite fiscal de ahorro individual para la jubilación: "El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 contiene una modificación sustancial del tratamiento fiscal de la previsión social que, de aprobarse, afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía española", alertan en un comunicado conjunto.

Desde ambas instituciones justifican que establecer "diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española". En su opinión, el marco sociolaboral español presenta dos características que se han de tener en cuenta en el diseño de la fiscalidad de los sistemas de previsión social. Por un lado, el gran número de trabajadores autónomos y empresarios individuales que hay en España. Y por otro, que la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena trabaja en pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. 

Por otro lado, señalan la irregularidad de los puestos de trabajo en España. "La limitación anual de aportaciones a sistemas de previsión social carece de sentido en situaciones de crisis como la actual en la que muchos trabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos por estar en un ERTE o por un cierre temporal de su negocio", alertan.

Además, en España existe un significativo déficit de ahorro para la jubilación en comparación con la situación existente en el resto de países de su entorno y "este desajuste no puede dejarse exclusivamente a cargo de las empresas", en su opinón. Y con respecto a la fiscalidad de estos productos, justifican que "supone un mero diferimiento de la tributación, es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones", aclaran.