PRIPS, UCITS V, la RDR, MiFID II, AIMF… la carga regulatoria que en los últimos meses se está desarrollando en Europa es muy intensa y no parece que vaya a terminar a corto plazo, con, por ejemplo, UCITS VI ya en el horno. Las gestoras trabajan a contrarreloj para adaptarse a la normativa y varias de ellas incluso antes de que esta llegue, realizando una importante labor activista en Bruselas para hacer oír su voz. A ello se dedica Peter Grimmett, responsable de Desarrollo Regulatorio de M&G Investments, quien reconoce que, en ocasiones, “es frustrante” tanta normativa.
“La industria quiere saber qué ha hecho mal pero no recibe respuestas, sino cada vez más regulación”, explica el experto. “Se están elaborando normativas en distintas dependencias de la Comisión Europea pero no están hablando entre ellos y el peligro real es que las distintas partes de la cadena del sector no puedan asumir tanto coste y, al final, el riesgo es que se traslada al inversor final vía comisiones”. Grimmett alerta, además, de que en el entorno actual, en el que es muy complicado generar retornos, si se añade un mayor coste a los productos por cuestiones regulatorias, la viabilidad del sector puede estar en entredicho. “La pregunta es a qué precio se está trabajando por la protección del inversor”, reflexiona.
Ese sobrecoste es precisamente uno de los peligros que el experto ve que pueda ocurrir en el Reino Unido cuando entre en vigor la normativa anunciada la semana pasada por la FSA, que prohibirá el pago de retrocesiones a asesores y plataformas. Según explica Grimmett, la RDR puede llevar a que el asesor cobre más al cliente por su servicio de lo que este pagaba vía comisión directa del fondo. La razón es que ahora el asesor tendrá que soportar una mayor carga administrativa y la normativa también exige mayores recursos propios a las empresas de asesoramiento y mayor formación de los profesionales, tres aspectos que, de alguna manera, podrán repercutir en lo que paga el cliente. Si antes el cliente abonaba 50 puntos básicos vía comisión de gestión que el asesor se quedaba, el experto cree que estos pueden llegar a cobrar 75 o incluso 100 al cliente.
Además, Grimmett apunta que las normativas más recientes se están desarrollando demasiado rápido. Así, mientras que UCITS IV tardó más de cinco años en negociarse y entrar en vigor, UCITS V va a completar ese proceso en dos años, al igual que la AIMF, la normativa que regulará los productos de inversión alternativa en Europa. En este caso, no se conocerá hasta septiembre el texto definitivo de la norma y se tendrá que implementar en junio de 2013, por lo que las gestoras tendrán tan sólo nueve meses para adaptarse a ella.
Y mientras que UCITS IV acaba de ser completada y UCITS V, que se centra en el papel del custodio y depositario, da sus primeros pasos, UCITS VI está también en el horizonte. En las próximas semanas se espera que salga una primera consulta de la Comisión Europea sobre esa nueva directiva que, según explica Grimmett, contemplaría una revisión de UCITS III en lo que a activos e instrumentos aptos para su uso en los productos UCITS se refiere. Así, se preguntará sobre el uso de derivados, como los total return swaps, y también puede regular el préstamo de valores en los fondos UCITS y la calidad del colateral que usan estos productos. También puede abordar temas como la banca en la sombra y una mayor homogeneización de los fondos monetarios en Europa.
Asimismo, la Comisión puede aprovechar la consulta de UCITS VI para pulsar la opinión sobre la posibilidad de que los fondos UCITS inviertan en infraestructuras. El problema es la iliquidez de esa clase de activo y cómo hacerlo compatible con las exigencias de liquidez diaria de estos productos.
El experto aboga por crear un tipo de producto a medio camino entre los UCITS para minoristas y los hedge funds, de manera que sean productos para el retail más sofisticados, que no tengan que tener liquidez diaria y que, por tanto, puedan invertir en activos como el inmobiliario, préstamos o infraestructuras.
Respecto a UCITS IV, Grimmett considera que ha habido varios aspectos de la directiva que no funcionan. Uno es la utilidad del KIID (el documento fundamental de datos que todos los fondos UCITS tienen que tener disponible desde el 1 de julio) y, en concreto, del rating interno del fondo que atiende a su perfil de rentabilidad y riesgo, en una escala del 1 al 7. Según el experto de M&G, no está funcionando esta medida de riesgo sintético porque cada gestora lo calcula de manera distinta. En su día, el CESR publicó una guía con recomendaciones de cómo realizar ese cálculo pero cada casa está tomando sus propias vías. Además, como puso de manifiesto un estudio reciente de Lipper Thomson Reuters, los fondos de renta fija se están situando el nivel en torno al 4 y los de renta variable en el 6-7, por lo que no parece que el uso real de la escala sea de ningún provecho para el cliente final.
Respecto a MiFID II, Grimmett cree que en los próximos meses seguirá su proceso pero no será hasta comienzos de 2013 cuando haya una norma definitiva, que en todo caso no entraría en vigor hasta 2015.
