Durante los próximos meses el Consejo, la Comisión y el Parlamento negociarán para alcanzar una posición común sobre el cobro de incentivos, que se espera que llegue durante el segundo trimestre de 2023.
El pasado octubre de 2022 varios miembros del Parlamento Europeo propusieron modificaciones a MiFID II para, entre otras cosas, prohibir los incentivos en los servicios de asesoramiento financiero o servicios de ejecución. Un tema que ha pasado de soslayo en la industria hasta ahora, tras unas recientes declaraciones de la Comisaria Europea que han propiciado que la industria se ponga en contra.
La Retail Investment Strategy (RIS) es una iniciativa que forma parte del proyecto de Unión del Mercados de Capitales (UMC), en la que la Comisión Europea ha incluido como objetivo elevar la calidad del asesoramiento en materia de inversión, a través de modificar la estructura de costes de los productos y la forma en que se determina la remuneración de los asesores financieros.
Esta prohibición seguiría la línea de otros países que ya eliminaron totalmente los incentivos hace años. Reino Unido es un buen caso de estudio: lleva cuatro años sin retrocesiones, que fueron eliminadas en 2013 por la regulación Retail Distribution Review (RDR). Y un año después, en 2014, Países Bajos seguía sus pasos imponiendo una de las normas más restrictivas de Europa en materia de pago de incentivos en el ámbito financiero.
Las razones del Parlamento Europeo
Dentro del Parlamento hay disparidad de opiniones. Por un lado, el diputado alemán Markus Ferber ha defendido que una prohibición total a los incentivos "abriría una brecha en el acceso al asesoramiento financiero de personas con menor capacidad económica (como dice que ha sucedido en Reino Unido)" y por eso lo desaconseja. En respuesta, la Comisaria europea Mairead McGuinness le dirigió una carta el 21 de diciembre en la que señalaba que una prohibición total es la única forma de proteger al inversor minorista.
Entre otras cosas, afirmaba lo siguiente: "Un estudio sobre el comportamiento en las decisiones de inversión de los minoristas ha evidenciado que la transparencia sobre la existencia de incentivos simplemente no funciona: muchos consumidores no entienden qué incentivos están en primer lugar, ni entienden su impacto en el resultado de sus inversiones. Por lo tanto, es posible que una mejor información no contribuya sustancialmente a una elección bien informada y mejores resultados de inversión". […] "Una prohibición probablemente también aumentaría la innovación y la competencia en el sector, en beneficio tanto de los inversores minoristas como de la industria", aseguraba en su carta.
Mcguiness también defendió la prohibición total en su discurso de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el pasado 24 de enero. Según fuentes de mercado, durante los próximos meses el Consejo, la Comisión y el Parlamento negociarán para alcanzar una posición común al respecto, que se espera que llegue durante el segundo trimestre de 2023.
La valoración de la industria
La respuesta de la industria no se ha hecho esperar. Recientemente, EFPA pedía por carta a la Comisión Europea que se retire la prohibición de los incentivos del borrador de la Retail Investment Strategy (RIS), en aras de seguir garantizando el acceso de los inversores a un asesoramiento de calidad.
Según EFPA, "esa prohibición de los incentivos que plantea el borrador puede suponer un freno en el acceso de los inversores a recibir un asesoramiento cualificado. Y pone como ejemplo lo que sucedió en Reino Unido, cuando se prohibieron dichos incentivos: "Ha provocado un incremento de la "brecha del asesoramiento, especialmente entre pequeños y medianos clientes, que provoca que queden excluidos del acceso a asesoramiento financiero profesional", afirman.
No obstante, también hay que valorar los beneficios que ha traído hasta ahora el modelo de incentivos que hasta ahora había en España. Algo sobre lo que Pilar Lluesma, counsel en Ashurst, reflexiona en este artículo de opinión.
Una postura que también comparte Josefina García Pedroviejo, socia y responsable de Financial Services de Pérez-Llorca Abogados: "La limitación de las retrocesiones es una medida muy controvertida. Como han puesto de manifiesto varios actores del mercado, la prohibición total resulta en una brecha que acaba resultando perjudicial para los inversores con patrimonios menos elevados", asegura. En su opinión, "el sistema actual está funcionando bastante bien, por lo que cualquier modificación debe ser evaluada cuidadosamente para evitar que, en aras a un supuesto beneficio, se acabe excluyendo a ese inversor al que se pretende beneficiar, poniendo en el centro del análisis el interés del pequeño inversor".
