La legislación española está adaptándose a la drástica reducción de las calidades crediticias de entidades públicas y privadas, tratando de reducir la dependencia de las agencias de rating y facilitar a las IIC que sigan financiando a estados y entidades privadas. Actualmente hay varios proyectos normativos que giran en torno a una mayor flexibilización de la inversión en activos con menor calidad crediticia y que competen tanto a instituciones de inversión colectiva como a aseguradoras.
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