En aras de proteger el negocio nacional, Japón planea imponer una normativa más estricta para la inversión extranjera en su bolsa. Según la medida planteada por el Ministerio de Finanzas del país, los inversores extranjeros deberán comunicar con antelación cuando planeen comprar más de un 1% de las acciones de una compañía relacionada con la seguridad nacional.
Es un salto relevante teniendo en cuenta que el tope actual está en el 10%. Actualmente los inversores extranjeros informan al gobierno cuando ya han cruzado ese límite. Esto abre una investigación interna que dura unos 30 días y puede suponer que la compra de esas acciones se cancele.
De salir adelante, la ley se implementaría el próximo año fiscal, en abril.
El objetivo es proteger a compañías nacionales de sectores sensibles. Según interpretan varios medios, entre ellos el Wall Street Journal, el motivo extraoficial es aumentar la vigilancia del gobierno a inversiones por parte de China. Por eso afectaría a nichos como la defensa, las telecomunicaciones o el transporte marítimo. Aunque de momento no hay una lista exacta de cuáles de las 3.680 empresas japonesas se verán afectadas.
Según publica el medio japonés Nikkei, el gobierno planea excluir a las compañías de gestión de activos de la normativa, incluyendo los hedge funds y gestoras. Por lo que aún hay esperanzas de sortear el impacto directo, pero estará por ver los daños colaterales en la renta variable japonesa. Por ejemplo, porque las firmas de bróker internacionales que operan en el país están sujetas a esta norma, lo que podría afectar a la liquidez del mercado.