En 12 casos falló la valoración de la conveniencia, en ocho hubo conflicto de interés y en otros dos, información inadecuada al cliente. Las sanciones afectarán a nueve grupos financieros.
La CNMV ha detectado diversas “incidencias de relevancia” por parte de empresas de servicios de inversión y entidades de crédito en sus actividades como proveedores de servicios de inversión en las inspecciones que ha realizado en relación al cumplimiento de las normas de conducta exigidas por MiFID. Como consecuencia de sus investigaciones -centradas a lo largo del año pasado en la actuación de las entidades a la hora de realizar evaluaciones sobre la adecuación de los productos de inversión al perfil del cliente, así como a la información transmitida a éste con carácter previo a la venta, y en ejercicios anteriores en las operaciones realizadas en productos híbridos en el mercado secundario-, sus conclusiones son claras.
"Hay diversas incidencias de relevancia tales como un deficiente diseño de los test de conveniencia e idoneidad y un rigor insuficiente en la evaluación de los resultados”, explicó Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, durante su comparencia en la Comisión de Economía del Congreso para presentar el informe anual del supervisor correspondiente a 2012 y las conclusiones de la Comisión de Seguimiento sobre Comercialización de los Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada.
Desde la entrada en vigor de MiFID en 2008, el supervisor ha realizado inspecciones a 21 entidades de crédito emisoras de instrumentos híbridos, que concentran el 80% de la clientela minorista del mercado de valores y a las que pidió información previa al registro de la emisión sobre la información entregada a los inversores y a la red comercial y el posterior informe de auditoría interna tras la comercialización, y que concluyó con la tramitación el año pasado de varios expedientes sancionadores relacionados con las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, que se han sumado a otros ya en curso. Contando también otras actuaciones disciplinarias que se encuentran en estados iniciales a su apertura, éstas se refieren en total a 22 incumplimientos de la normativa vigente.
En concreto, hay 12 casos en los que no se valoró la conveniencia del producto o hubo una incorrecta valoración; ocho en los que se produjo una inadecuada gestión de los conflictos de interés y dos en los que la información fue inadecuada. Estas actuaciones erróneas afectan a 6.212 millones de euros de nominal, menos del 10% del total emitido y comercializado en los últimos cinco años. En total, la CNMV abrirá expediente a nueve de los 13 grupos financieros “según su configuración actual” y a un número más elevado de entidades, pues “en la mayor parte de los grupos son varias las entidades afectadas por los expedientes sancionadores”.
Prácticas correctas en la mayoría
Pero éstas son excepciones, pues en la mayoría de los casos la CNMV detecta prácticas correctas. La primera conclusión del informe sobre preferentes dice que el número de clientes que contrató el producto tras ser advertido de que la operación no era conveniente fue “muy elevado”. Además, el porcentaje de clientes a los que se recomendó personalmente la contratación es marginal, lo que quiere decir que esas compras no fueron fruto de una actividad de asesoramiento, que exige un test de idoneidad, sino de simple comercialización, actividad que requiere de un test de conveniencia, menos exigente que el anterior y que solo analiza el conocimiento y experiencia del cliente pero no otras variables como su situación financiera. “No podemos prohibir la comercialización de productos complejos. Aunque el test de conveniencia sea negativo, la entidad podrá comercializarlo si el inversor así lo quiere”, dice Rodríguez.
Y es lo que se hizo. En este sentido, el informe concluye que las entidades han sido capaces de acreditar el cumplimiento de las obligaciones de información en el proceso, con las 22 excepciones antes señaladas, aunque la CNMV matiza que esta conclusión “es compatible con la existencia de numerosos inversores que afirman haber recibido una información verbal contradictoria con la documentación firmada”, pruebas de las que el supervisor carece. No obstante, la Comisión ha establecido una serie de criterios para que los arbitrajes sean justos en los casos en los que los papeles no concuerden con lo que dicen los afectados. Así, se revisarán las respuestas del test de conveniencia y también se evaluará la falta de experiencia inversora previa del cliente.
El supervisor señala, no obstante, que la finalidad de los expedientes es “restablecer la disciplina de mercado para que no se repitan malas prácticas en el futuro”, y en esta línea ha propuesto modificaciones en la normativa. Una de ellas, que se aprobará en el marco de la Ley 9/2012 de reestructuración de las entidades de crédito, es la obligación de que, en los casos en los que el producto no sea conveniente para el cliente, sea necesario recabar no la firma como hasta ahora, sino un texto manuscrito por el propio cliente en el que declare que conoce esa circunstancia y que, aun así, desea adquirirlo. La circular que lo desarrolla será aprobada “en breve”, según Rodríguez, que recordó la realización de una supervisión preventiva para evitar lo sucedido, por ejemplo, analizando la oferta de inversión y movimientos de mercado por el trasvase desde los depósitos bancarios.
Respuesta a las críticas
Las críticas de los grupos de oposición acusan a la Comisión de negar la realidad alegando motivos formales, califican lo ocurrido con las preferentes “de estafa y engaño” más que de “crisis o pérdida”, aseguran que las entidades financieras han utilizado la documentación para protegerse a sí mismas y piden que la inmensa mayoría de los afectados recupere sus ahorros. Ante esas alegaciones, Rodríguez replica que “si el mercado hubiera ido bien, no habría pasado nada", pues los problemas empezaron en 2008, cuando los bancos se negaron a realizar amortizaciones anticipadas, su valor empezó a caer por la situación de los mercados, y las emisiones bajaron al impedir la regulación que estos instrumentos siguieran computando como recursos propios. Además, indica que solo se puede llamar estafa "desde un punto de vista coloquial y no técnico”.
Con respecto a lo ocurrido a la cotización de las accions de Bankia, asegura que se está investigando y que la CNMV "llegará a donde tenga que llegar" y actuará si se demuestra que ha habido abuso de mercado, información asimétrica o discriminación ante peticiones de venta por parte de los inversores minoristas.
Las reclamaciones ante la CNMV se multiplicaron por cinco el año pasado, hasta 10.900 frente a las 2.000 de años anteriores, sobre todo por las quejas sobre la comercialización de las preferentes y el supervisor dio la razón al inversor en el 65% de los casos, aunque sin que ello tenga carácter vinculante.
En su comparencia, Rodríguez confirmó la senda positiva de los fondos de inversión en el primer trimestre y pidió más independencia del organismo a todos los niveles y la dotación de nuevas capacidades legales de inspección e intervención sobre los actores del mercado para poder hacer bien su trabajo.
