El viernes emitió una Comunicación sobre Medidas de Refuerzo de la Transparencia en la Comercialización de IIC.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sigue apuntalando la protección sobre los inversores en fondos de inversión. El supervisor español emitió el viernes una Comunicación sobre Medidas de Refuerzo de la Transparencia en la Comercialización de IIC, un texto que pone el foco, sobre todo, en los fondos que invierten en renta fija y en los fondos que establecen un objetivo concreto de rentabilidad, estén garantizados o no.
La información que señala la CNMV en su comunicación será exigida por ésta a la hora de registrar IIC, lo que afecta tanto al folleto de los fondos como al documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI). El supervisor también verificará que estos contenidos se incluyen en la información pública periódica (IPP) que se facilita a los inversores.
Precaución con la renta fija
Según expone la CNMV, cuando la IIC pueda invertir en renta fija por debajo de investment grade (lo que implica un rating inferior a BBB-), se indicará el porcentaje máximo de cartera con baja calidad crediticia. Además, si la cartera de renta fija que puede tener un rating menor a investment grade puede representar más de un 25% de la exposición total de la IIC, también se señalará.
Por otro lado, las IIC de renta fija, excepto aquellas de renta fija a largo plazo con gestión activa, deberán incluir en la IPP la vida media en años y la TIR media bruta (sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado en tanto por ciento a la fecha de referencia.
Profundización en los fondos con objetivo concreto de rentabilidad
Las IIC con objetivo concreto de rentabilidad deberán incluir en su DFI, a continuación de la descripción del objetivo de rentabilidad (garantizado o no), un resumen que permita conocer al inversor la estructura financiera, los ingresos totales de la cartera de renta fija y liquidez inicial, los costes totales que soportará y la inversión en opciones para conseguir el objetivo de rentabilidad.
La CNMV pretende ir un paso más allá y, por eso, anuncia, valorará la necesidad de solicitar advertencias adicionales en el momento de la verificación del folleto, especialmente en aquellos supuestos en que la estructura financiera implique que una parte sustancial de los rendimientos de la cartera de renta fija serán absorbidos por los costes repercutidos al fondo, de manera que el valor añadido para el inversor resulte “cuestionable”.
Las gestoras que comercialicen este tipo de productos a vencimiento deberán dotarse de mecanismos de control interno que garanticen que, cuando se amplíe el volumen comercializado respecto al inicialmente previsto, las adquisiciones de cartera se efectúen exclusivamente cuando las condiciones en las que se realiza dicha adquisición permitan alcanzar la TAE informada en el folleto.
Escenarios de rentabilidad
A la hora de informar sobre los escenarios desfavorable, moderado y favorable en las IIC estructuradas, se establece para éstos una estimación de un 10%, un 50% y un 90%, respectivamente, la probabilidad de que la rentabilidad sea inferior a la indicada en el escenario correspondiente.
Para calcular estos escenarios, a no ser que existan métodos más adecuados, se utilizará el método de simulación de Monte Carlo, se realizarán como mínimo 50.000 simulaciones y las variables necesarias para llevar a cabo los cálculos habrán de corresponderse con inputs de mercado.
Además, como complemento, se incluirá en el DFI un gráfico de las rentabilidades que se hubieran obtenido si el fondo hubiera sido lanzado en el pasado, para lo que se utilizará un método de simulación histórica apoyado en la premisa de si su lanzamiento se hubiera producido semanalmente durante un periodo de diez años.
Cuando el pay-off esté vinculado al comportamiento de los activos subyacentes sin incluir el pago de dividendos, deberán emplearse series históricas que recojan el impacto que estos dividendos tuvieron en las referencias de precios.
Con todas estas medidas, la CNMV intenta proteger las decisiones de inversión de los clientes españoles en fondos, cuyo perfil es “tradicional” para el supervisor, en un contexto de mercado en el que buscan mayores rentabilidades pasando de depósitos bancarios a fondos de inversión.
