La Comisión Nacional del Mercado de Valores presenta su plan de actividades para 2021. Un año que esperan que sea muy activo y donde tienen objetivos ambiciosos, reconoce el nuevo presidente del supervisor español, Rodrigo Buenaventura.
Su primer plan de actividades como presidente se resume en cuatro ejes de actuación: mejoras en el funcionamiento de la CNMV, supervisión de los mercados, supervisión de los intermediarios financieros y relación con inversores y otras partes interesadas.
Buenaventura sitúa a la supervisión, que introducen importantes novedades, en el primer lugar por ser el ADN y la seña de identidad de la casa.
En el caso de los intermediarios financieros, señala Buenaventura, van a trabajar para que haya criterios para la autorización a empresas de terceros países para prestar servicios de inversión a clientes profesionales en España sin sucursal. El presidente indica que esta posibilidad está habilitada en la ley del Mercado de Valores.
Por otro lado, la CNMV revisará los costes y comisiones de las instituciones de inversión colectiva. Sin embargo, aclara Buenaventura, no se trata de establecer porcentajes máximos. “Se revisará que se cumple con las normas y directrices que existen a nivel europeo y de información a los clientes”, contextualiza.
Además, se adaptará la normativa de solvencia de las empresas de servicios de inversión, se establecerá una guía técnica sobre la gestión y el control de la liquidez de las IIC y criterios sobre la aplicación de nueva normativa europea (ASG y fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas).
En el caso de la adaptación de la normativa de solvencia, que tendrá lugar a mediados de año, obligará a adecuar la información reservada y los
sistemas de supervisión a las nuevas exigencias. «Para facilitar a las entidades su implantación, se prevé organizar unas jornadas virtuales dirigidas a estas», señalan.
DFI
Además, la CNMV presentará una propuesta para la adaptación de los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI) de las instituciones de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCIT) y de los fondos de inversión alternativos (AIF) a la normativa de productos de inversión minorista empaquetados (PRIIP). El reglamento europeo establece la obligación de elaborar un DFI para los PRIIP que sean UCITS. Con motivo de su aplicación en España, resulta necesario adaptar la
Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y toda su normativa de desarrollo para ajustar el DFI a los contenidos que exige la normativa sobre PRIIP (así como para modificar algunos contenidos del folleto).
La CNMV, en el ejercicio de su función asesora, abordará el alineamiento de la normativa española con la establecida a nivel comunitario, por ejemplo proponiendo la eliminación de la obligación de verificación del DFI por parte de la CNMV (sin perjuicio de la permanencia de un registro público de tales documentos), con lo que se reducirían los trámites administrativos y se alinearía la práctica del mercado español con la de la mayoría de los supervisores de la Unión Europea.
Este mismo enfoque podría aplicarse para aquellas entidades de capital riesgo (ECR) y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (EICC), que, por ir dirigidas a minoristas, tienen la obligación de preparar y entregar un DFI ajustado al modelo que la regulación sobre PRIIP determina. Adicionalmente, se desarrollará un nuevo folleto electrónico en la CNMV, un procedimiento de envío de los DFI a la CNMV a través de CIFRADOC y se difundirán los DFI a través del registro público de la CNMV.
El supervisor revisó el Plan de Actividades de 2020 en mayo para adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia. Se decidió mantener 33 de los 44 objetivos inicialmente planteados, se pospusieron 11 al siguiente ejercicio y se añadieron dos nuevos objetivos ocho de los 11 objetivos pospuestos han sido incluidos en el Plan de Actividades 2021. En total, el cumplimiento fue del 86%.
