El presidente vendió acciones entre enero y marzo por importe de 30 millones, de los que prestó 9 millones a la compañía.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió el pasado viernes información a la Fiscalía sobre las operaciones de venta de acciones realizadas por varios consejeros de Pescanova, entre ellos el presidente, José Manuel de Sousa, en los meses previos a que se presentara el concurso de acreedores por considerar que pueden ser constitutivas de abuso de mercado por uso de información privilegiada. Así lo ha explicado hoy la presidenta del organismo, Elvira Rodríguez, tras participar en el XX Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y ABC.
La CNMV ya anunció en una comunicación el pasado 11 de marzo que había abierto una investigación para "determinar la existencia de posibles indicios de comportamiento de abuso de mercado por parte de la compañía, de sus administradores o de terceras personas". En este proceso, lo que pretendía dirimir era si, entre otras operaciones, el presidente usó información privilegiada para reducir su participación del 15% al 7,45% entre enero y marzo. Tras el aviso de la CNMV, De Sousa hizo pública una nota en la que explicaba que había vendido con importantes pérdidas y que el dinero resultante de la venta lo puso a disposición de la compañía para resolver sus problemas urgentes de liquidez.
No obstante, según las indagaciones llevadas a cabo hasta ahora, el importe de la venta habría ascendido a 30 millones de euros y el préstamo realizado a la compañía se limitó a 9 millones.
El organismo supervisor mantiene otras indagaciones sobre los movimientos de la compañía, pero hasta que no compruebe si son constitutivos de faltas o de posibles delitos no se los trasladará a la Fiscalía. Se trataría, por ejemplo, de su decisión de no enviar las cuentas dentro del plazo legal, de no haber informado de las participaciones significativas en su capital y de no haber respondido a los requerimientos de información.
Investigaciones preventivas
En su intervención en las jornadas, Rodríguez insistió en la intención del organismo "de supervisar la información que se proporciona a los inversores que decidan adquirir fondos de inversión una vez que los depósitos bancarios han perdido atractivo". La idea es evitar que ahora que se están comercializando mucho más los fondos de inversión, especialmente garantizados, se haga de una forma inconveniente para el ahorrador, explicó la presidenta, que dejó claro que no se ha encontrado ninguna mala praxis y que el objetivo es más prevenir que curar.
Entre sus retos principales para su mandato se encuentra el aumento de la transparencia para conseguir restaurar la confianza de los inversores y que estos perciban que la institución está salvaguardando sus derechos. De hecho, la falta de información y de transparencia, especialmente a nivel internacional, han sido a su juicio uno de los grandes problemas de esta crisis. Como ejemplo, dijo que los mercados de acciones son los que mejor han resistido porque cuentan con más transparencia, mientras que otros, "como pueden ser los de renta fija o derivados, son más inestables". "Y esto es debido a la falta de confianza que generan procesos de formación de precios basados en una menos cantidad de datos disponibles", apostilló.
