Este martes, la Comisión ha lanzado una nueva propuesta en el ámbito de EMIR, el reglamento relativo a derivados extrabursátiles, entidades de contraparte central (ECC) y los registros de operaciones. El objetivo esencial es aumentar la vigilancia de las ECC de países terceros que por su volumen presenten riesgo sistémico. Más vigilancia y más requisitos para estas ECC y, sobre todo, la posibilidad de que la Comisión les impida prestar servicios en la UE a menos que se establezcan en este territorio.
Las reacciones en medios y firmas especializadas británicos no se han hecho esperar: Europa se quiere quedar con el negocio de compensación de la City, vienen a coincidir. Al margen de interpretaciones, en la nota de prensa que la Comisión ha difundido este martes para anunciar la propuesta se señala que “las ECC representan una parte del sector financiero que gana importancia y peso y cuyo riesgo sistémico ha aumentado. Además, la retirada prevista del Reino Unido de la Unión Europea tendrá un impacto considerable sobre la regulación y la vigilancia de la compensación en Europa”.
La propuesta de la Comisión establece un nuevo mecanismo de vigilancia dentro de ESMA bautizado, en inglés, como CCP Executive Session y que será el encargado de vigilar que se vaya hacia una mayor armonización y coherencia en el ámbito de la vigilancia de las entidades de contrapartida dentro de la UE así como a reforzar la vigilancia de las ECC de países de fuera de la UE. En concreto, para estas entidades de países terceros, entre los que lógicamente se encontrará en el futuro el Reino Unido, la propuesta de la Comisión pasa por “hacer más estricto” el procedimiento ya existente de reconocimiento y vigilancia de las ECC, pero no para todas sino solo “para las que revistan una importancia sistémica decisiva para la UE”. La cifra que en este ámbito se maneja es que las firmas del Reino Unido, incluyendo al London Stock Exchange Group, mueven el 75% de los derivados de tipo de interés denominados en euros.
La propuesta de la Comisión instaura así un nuevo sistema en dos niveles para la clasificación de las ECC: las que no tienen importancia sistémica, que podrán seguir operando según el régimen actual de equivalencia previsto por EMIR y las que sí implican riesgo sistémico (que se llamarán ECC de nivel 2) que estarán sometidas a exigencias más estrictas. En concreto, se obligará a la ECC a que facilite a ESMA toda la información que sea necesaria así como la inspección en la sede de la ECC. Asimismo, los bancos centrales de la UE implicados deberán confirmar que una determinada entidad respeta las “todas las exigencias suplementarias” que dicho banco le haya impuesto (y se cita por ejemplo exigencias relativas a la disponibilidad, el tipo de garantías, liquidez o sergregación…). Pese a todo, la propuesta de la UE señala que “debido a la importancia de sus actividades, algunas ECC de países terceros podrían tener tal importancia sistémica que estas exigencias podrían resultar insuficientes para paliar los riesgo potenciales. En este caso, la Comisión podrá, a petición de ESMA, y de acuerdo con el banco central concernido, decidir que una ECC no podrá prestar servicio en la UE a menos que se establezca en este territorio”.
Actualmente hay 17 ECC establecidas en la UE y todas ellas con la debida autorización en virtud e EMIR 17 para ofrecer servicios en toda la UE, aunque no todas están autorizadas para compensar todas las categorías de activos. Asimismo, hay 28 ECC de países de fuera de la UE que han sido reconocidas en el marco de EMIR para poder prestar sus servicios den la UE, según explica la nota de prensa de la Comisión. l'UE. Hace escasos días, la Asociación de la industria de Futuros (FIA) envió una carta al comisario Dombrovskis en la que le señalaba que la reubicación forzada sería el enfoque más disruptivo y costoso de entre todos los posibles para supervisar a las ECC de fuera de la UE y además no conduciría a una mejor supervisión de esta actividad.