El proyecto de directiva europea con el que se pretende regular las gestoras de inversión alternativa ha puesto en pie de guerra a varias asociaciones de hedge funds, que consideran que la nueva norma podría resultar muy perjudicial no sólo para la industria de los hedge, sino para el conjunto del sector de la gestión de activos. Así, la aplicación de la directiva en su redacción actual podría implicar unos costes de en torno a 25.000 millones de euros anuales para los planes de pensiones europeos, según estimaciones de la Alternative Investment Management Association (AIMA).
Desde AIMA afirman que en los últimos años la industria de planes de pensiones ha estado incrementando sus posiciones en fondos de inversión alternativa atraída por la baja correlación y buena rentabilidad de estos productos. Pero si las gestoras tuvieran que ajustarse a la nueva norma europea, esto se traduciría en una menor rentabilidad de los fondos con la consiguiente pérdida económica. “La cifra que ofrecemos es una estimación, pero muestra el enorme potencial de impacto que la directiva podría tener en los fondos de pensiones de Europa y, a largo plazo, en los beneficiarios de los planes”.
La FSA también hará cuentas
Las asociaciones sectoriales no son las únicas que se muestran preocupadas por las posibles consecuencias de la aplicación de la directiva. La gran mayoría de las entidades de inversión alternativa están radicadas en Londres, por lo que las autoridades británicas temen que los efectos adversos de la norma supongan una pérdida de competitividad ante otras plazas financieras.
En consecuencia, la FSA británica ha anunciado que realizará un análisis de costes / beneficios de la norma propuesta por la Comisión Europea. El informe, que podría estar listo a finales de año, profundizará en el impacto sobre las carteras de inversión, el funcionamiento de los mercados, el riesgo sistémico, la competitividad europea, la financiación de las pequeñas compañías (no hay que olvidar que la nueva directiva se aplica también a entidades de capital riesgo), así como los costes que podría suponer tanto para las entidades como para los inversores.