Representantes de Fonditel, Dunas Capital, Caser, March AM y Santalucía muestran la preocupación de la industria con los límites de comisiones que recoge el Proyecto de Real Decreto para impulsar estos planes.
Los representantes de gestoras de pensiones españolas son críticos con la nueva Ley para el impulso de los planes de empleo de promoción pública. Así lo han manifestado durante una mesa redonda celebrada en el XII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva que organizan con carácter anual Apd, Deloitte e Inverco. En este marco, han tildado de “descafeinada” esta Ley y han calificado como un “error” los recortes de las aportaciones en planes individuales.
El 30 de junio se aprobó la Ley para impulsar los planes de empleo de promoción pública, cuyo desarrollo reglamentario se recoge en un Proyecto de Real Decreto sometido a consulta, con carácter de urgencia, el pasado 2 de agosto. De acuerdo con este Proyecto, las gestoras que resulten adjudicatarias de estos productos cobrarán una comisión máxima del 0,3% y los depositarios del 0,1%.
Teresa Casla, presidenta y CEO de Fonditel, reconoce “todo el trabajo y la exigencia que hay detrás”. Por este motivo, cree que “la Ley se ha quedado descafeinada” después de que “en un principio el sistema aspiraba a ser obligatorio y luego se ha ido reformando para intentar que cuadrara entre varias normas y límites”, ha afirmado.
De igual modo David Angulo, chairman de Dunas Capital, lo ha tildado como un “noviazgo fallido”. El experto reconoce que el sector tiene una “inmensa preocupación” con este tema. Y es que, aunque “todos teníamos claro que el segundo pilar estaba un poco cojo y estábamos de acuerdo en desarrollarlo, existe una ausencia total de incentivos con la falta total de obligatoriedad”. Por eso Angulo ha calificado esta ley como “un inmenso error y una oportunidad perdida histórica”.
¿Garantiza una buena gestión?
El límite del 0,3% de gestión recogido por el Proyecto “choca desde una perspectiva de derecho comparado con otros sistemas”, explicó Elisa Ricón, directora general de Inverco y moderadora de esta mesa redonda. Por comparar, en Reino Unido el coste de gestión es del 0,75%, pero existe un sistema obligatorio. Y en Holanda sucede lo mismo, con planes sectoriales obligatorios y un umbral de comisión del 0,5%, más 0,10% de costes de transacción. Sin embargo, en España son voluntarios. Por este motivo, los expertos ponen en duda que estos planes vayan a tener éxito y que puedan ser viables para las gestoras.
En opinión de Juan José Cotorruelo, director de Vida y Pensiones de Caser, “perjudica a las gestoras pequeñas”, ya que la gestión de un plan de empleo es muchísimo más complicada, porque incluye la relación entre empresa y trabajadores, intercambio de ficheros, sindicatos, comisión de control, etc.
A esto se une el recorte en las pensiones individuales. Tras las dos reformas que se han realizado al sistema en los últimos dos años, el límite para deducirse las aportaciones a planes de pensiones individuales ha pasado de 8.000 euros en 2020 a 1.500 euros en este 2022. Javier Escribano, director General de March AM, considera que “ha sido un error estratégico, que tampoco va en la dirección que apunta Europa. Una decisión mala que va a condicionar sobre todo a los ahorradores”.
Así las cosas, José Manuel Jiménez Rodríguez, director Desarrollo de Negocio Santalucía Servicios Compartidos, opina que “tenemos que trabajar en forma de capa, mejorar la fiscalidad de los planes individuales, hacer un mix de distintos vehículos y potenciar las aportaciones periódicas”.
