Según los datos de la CNMV, ganaron 803 millones de euros durante 2018. Mientras, sus ingresos por comisiones cayeron un 6% interanualmente y sus retrocesiones bajaron hasta el 53%
Los efectos de MiFID, la nueva regulación europea sobre instrumentos financieros, ya se empiezan a ver reflejados en la industria. Según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las gestoras españolas obtuvieron un beneficio de 803 millones de euros durante 2018. Se trata no solo de un 46% más que el año anterior, sino del dato más alto de la serie histórica.
Antes de la entrada en vigor de MiFID II, las gestoras de fondos cobraban una comisión de gestión por sus fondos pero casi el 70% de lo que ingresaban lo cedían después a quienes habían realizado la venta del producto, lo que se conoce como retrocesiones. Un sistema que ahora se ha dado la vuelta.
Con la nueva regulación, las gestoras tienen que decidir si repercuten o asumen los costes del análisis y se eliminan los incentivos que pagan a los distribuidores. Únicamente podrán cobrarlos quienes se hayan declarado como no independientes y ofrezcan, al menos, un 25% de producto de terceros.
Pues bien, según estos datos las gestoras españolas ingresaron un 6% menos por comisiones durante 2018, hasta los 2.492 millones. Una cifra que se sitúa por debajo de los 2.647 millones de euros del año anterior.
De esos ingresos, las redes cedieron un 53,56% a los distribuidores, por debajo del 58,68% en el que se situaba al cierre de 2017. En cifras absolutas, cedieron a los distribuidores 1.335 millones, 200 menos que el año anterior y, además, la cifra más baja desde el año 2014.
Protección y transparencia
La nueva directiva, transpuesta a finales de 2018 a la legislación española, trata de ofrecer una mayor protección al inversor y más transparencia en la industria. Bajo esta premisa, los bancos solo pueden cobrar al inversor si aportan un valor añadido al cliente. Asesoramiento, seguimiento de las inversiones, test de idoneidad y arquitectura abierta son los requisitos que cumplen en esencia con ello.
El Gobierno aprobó in extremis en el último Consejo de Ministros del año pasado el Real Decreto que completaba la transposición de MiFID II, que entró en vigor el pasado 3 de enero.
