Las constantes bajadas de rating de la deuda española y de los bancos nacionales están teniendo impacto en la legislación española. La normativa trata de adaptarse a los problemas que esos recortes están causando en las entidades a la hora de operar y gestionar sus fondos, tanto para servir como garantes y contrapartes, como para adaptar las políticas de inversión marcadas en sus folletos, circunstancias que se determinan en función del rating.
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