En julio del año pasado el Gobierno dio a conocer quiénes eran las gestoras seleccionadas para gestionar el fondo público de pensiones. Sin embargo, aunque los 15 FPEPP están inscritos, no hay ningún plan dentro de estas carcasas.
En julio del año pasado el Gobierno dio a conocer quiénes eran las gestoras seleccionadas para gestionar el fondo público de pensiones: VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Santander Pensiones e Ibercaja Pensión. Por su parte, Cecabank, BBVA y Caceis fueron las entidades depositarias adjudicatarias del contrato. Sin embargo, la realidad es que un año después estos productos todavía no han arrancado.
Con el objetivo de promover las pensiones privadas, el Gobierno creó dos nuevas figuras: los planes pensiones de empleo simplificados (PES), orientados para autónomos; y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP).
Se establecieron cinco lotes, uno por gestora, cada uno de los cuales tenía tres FPEPP. Estos debían cubrir activos desde la renta variable, la renta fija o los productos mixtos. Pues bien, en diciembre del año pasado ya se registró la oferta de 15 productos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Como explica explica María Dolores Domínguez Haro, responsable del Servicio de Depositaría de BBVA, "esto es la carcasa, pero ahora las entidades han de llenarlas, llevando a esos fondos de pensiones los planes simplificados que se creen (sectoriales, de autónomos..) o los planes para empleados públicos", comenta.
Faltan incentivos y regular la comercialización
Aquí es donde hay un problema, fuentes consultadas cercanas al proceso aseguran que hay un escaso interés por parte de los inversores. Y en ello tienen mucho que ver, en opinión de Domínguez Haro, varios asuntos. "Por un lado, faltan los incentivos (fiscales, deducciones en cuota a seguridad social...) para que un pequeño empresario decida promover un plan de empleo para sus trabajadores", explica. Algo que, de hecho, ya han manifestado las organizaciones empresariales y de pymes señalando a los altos y crecientes costes laborales que asumen. Por otro lado, en este nuevo modelo, se dio entrada a la negociación colectiva. Sin embargo, como explica la experta, "no se ha establecido como punto obligatorio que dentro del convenio se tenga que tratar el tema de promover un plan de empleo".
Otra cuestión es que "el Reglamento de planes y fondos de pensiones no recoge de manera expresa la posibilidad de comercializar planes de empleo. No sólo los sectoriales, sino ningún plan de empleo", insiste Domínguez Haro. Y en estos productos, además de los incentivos, la comercialización es el elemento clave. "Daría la posibilidad de que en los convenios colectivos se acordara la puesta en marcha de más planes sectoriales", opina. Hasta ahora, solo se ha hecho el de la Construcción, para el que se ha optado por la figura de PES.
Esto mismo lo recordaron desde Inverco en su reciente asamblea, en la que Ángel Martínez Aldama, su presidente, aprovechó para recordar algunas de las 15 propuestas que desde la Asociación creen que pueden impulsar los planes de pensiones. Entre ellas estaba, precisamente, regular la actividad de comercialización de planes de pensiones de empleo, algo imprescindible para su desarrollo. Pero también reactivar las aportaciones a los planes de pensiones de empleados de sector público, algo que animaría a la promoción de planes, que podrían ser los principales demandantes de los FPEPP.
La Plataforma digital común y la Comisión de Control
Otro asunto es que la plataforma digital común a través de la cual se van a comercializar estos productos, aún no está en marcha. Según José Carlos Vizárraga, director general de Ibercaja Pensión, "está en un desarrollo muy avanzado. Lo que impide su puesta en funcionamiento es que todavía no se pueden integrar Planes de Pensiones en los Fondos de promoción pública. Quedan por definir algunos aspectos concretos en cuanto a la gobernanza de la Comisión de Control Especial".
Y es que otra diferencia de estos FPEPP es que no tienen una comisión de control convencional, integrada por representantes de los trabajadores y de la empresa. En su caso, se trata de una Comisión de Control, formada por 13 miembros, de los que cinco son elegidos por el Ministerio de Seguridad Social, cuatro por organizaciones sindicales y cuatro por la patronal.
Todos ellos ya fueron designados, lo que ocurre es que, como explica Eva Valero, directora de Vida Ahorro y Pensiones de Caser, "se necesita que se apruebe Real Decreto porque, tal y como está la norma, los miembros de la Comisión de Control especial deberían cobrar en cada una de sus reuniones. Como ese importe tiene que salir del patrimonio de los fondos que actualmente está a cero, es un pez que se muerde la cola ya que, sin patrimonio, no hay dinero para pagar y si no se les paga no se pueden reunir", comenta. Se ha decidido modificar esto para que comiencen a cobrar cuando los fondos tengan un patrimonio de más de 1.000 millones de euros en total.
