El Gobierno ha elaborado un proyecto de Ley que establece un impuesto sobre las acciones españolas que tengan una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, por el que gravará con un 0,2% la compra-venta de títulos de compañías españolas con un valor bursátil superior a esa cifra. El encargado de pagar a Hacienda será el intermediario financiero que ejecute la orden de compra, tal y como ya se hace en algunos países como Francia, Italia o Bélgica. Se trata de la implantación en España de la popularmente conocida como tasa Tobin, un nuevo impuesto con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez calcula recaudar 800 millones de euros y que cuenta con el frontal rechazo de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
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