Comentaba acertadamente Ana Claver, responsable de Iberia y Chile de Robeco, en una entrevista reciente, que el hecho de que toda la industria se categorice como ASG hacía un flaco favor a la propia ASG. Esto es, que el crecimiento de la inversión sostenible es un paso positivo, pero sin transparencias y un marco común puede tener consecuencias indeseadas para el inversor.
En los últimos cinco años ha surgido una amplia gama de soluciones en forma de fondos centrados en los ODS y herramientas de medición e información, reconocen las gestoras. Y esto es beneficial para el inversor. “Hay una gran demanda en educación ASG y firmas como MSCI o Sustainanalytics están invirtiendo mucho más en proporcionar buenos datos ASG y eso conducirá a carteras de inversión mejor gestionadas”, afirma Sophie del Campo, directora general de Natixis IM para Iberia, Latam y EE.UU. Offshore.
Pero una oferta amplia no es necesariamente el camino correcto. “Con muy poca regulación y transparencia, puede ser difícil elegir qué soluciones ofrecen nuevas formas de pensar con resultados significativos, frente a productos y herramientas que simplemente han sido rebautizados sin grandes cambios fundamentales”, comenta Andy Howard, responsable global de inversión sostenible de Schroders. “Mientras que existen algunas soluciones estándar, muchas de estas herramientas carecen de transparencia y no logran abordar los problemas de inversión que son un desafío fundamental”. Es lo que preocupa también a Beatriz Barros de Lis, directora general de AXA IM España: “Si no se establecen estándares globales, los inversores se encontrarán complicaciones a la hora de comparar la oferta ESG de diferentes compañías.
Es un problema con el que se topan varias gestoras, ya incluso durante el proceso de inversión. “La gran masa de empresas a analizar conduce a un proceso casi de rellenar plantillas de criterios ASG formulados en su mayoría de manera poco clara, que en nuestra experiencia a menudo no hacen justicia a las empresas individuales”, cuenta Bert Flossbach, cofundador de Flossbach von Storch. Es un obstáculo que también cita Laura Natumi McTavish, analista de DNB Asset Management. Por ejemplo, intentado evaluar el nivel de emisiones y la exposición potencial de los ingresos a los ODS se han encontrado con que los datos son difíciles de recopilar, ya que las empresas a menudo no informan públicamente los datos con la granularidad requerida. “Los departamentos de marketing de muchas casas financieras están muy por delante de los analistas, lo que tiene consecuencias desagradables para los inversores que se toman el tema muy en serio. Corren el riesgo de adquirir inversiones que pueden tener un sello ASG, pero en una inspección más cercana no se lo merecen”, añade Flossbach. De hecho, las gestoras pueden citar ejemplos concretos de prácticas preocupantes. Vishal Hindocha, director de soluciones de inversión de MFS Investment Management, comparte el siguiente dato: 284 empresas del índice MSCI World tienen una declaración pública en apoyo al ODS Buena salud y bienestar. Sin embargo, el 43,3% de esas empresas experimentaron una controversia reciente en contravención directa de ese ODS. “El trabajo de rascar debajo de la superficie de estas declaraciones apenas está comenzando”, reconoce.
Así, pese a los avances, las gestoras aún ven retos pendientes. Laura Donzella, responsable de Clientes Institucionales e Intermediarios para la península ibérica, Latinoamérica y Asia en Nordea AM, los resume en dos: disponibilidad y calidad de los datos y falta de certeza normativa. Para que los inversores puedan evaluar el rendimiento relacionado con la sostenibilidad o incluso el impacto de sus inversiones, necesitamos estructura, comparabilidad e información. “Es decir, datos fiables”, insiste. Es también lo que piden desde BNP Paribas AM: “Hacen falta datos, cifras del impacto, informes, por cada euro invertido qué repercusión se está teniendo; y además explicarlo de forma clara”.
Alerta por el green y rainbow washing
Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latam, es claro: “La industria va muy por delante de la regulación en cuanto inversión con criterios ASG”. Le preocupa que la falta de normas universales deja la puerta abierta a eco-lavado en las empresas y gestores de inversiones. Por ejemplo, los inversores en bonos verdes se enfrentan al riesgo de confundir el auténtico deseo de una empresa por promover un programa ecológico con emisiones para otros fines, como la refinanciación de deuda existente y a veces es conveniente mirar más allá de la etiqueta verde y fijarse en si una empresa es respetuosa con el medio ambiente, aunque solo emita deuda convencional. “Existe el peligro de que estos datos se utilicen mal y esta es la otra cara de la moneda de la accesibilidad”, alerta también Victoria Leggett, responsable de inversión de impacto en UBP. “En algunos casos, las compañías están declarando que están contribuyendo a ciertos ODS, pero no hay ningún requisito de evidencia o auditoría con respecto a estas afirmaciones”.
El green o rainbow washing es la principal preocupación de las firmas internacionales. Y esto va ligado con una ausencia de marco regulatorio oficial. “Sin un acuerdo sobre lo que constituye un impacto social o ambiental positivo y sin una normalización en la cuantificación, los clientes podrían tener dificultades para comparar los marcos y las evaluaciones e informes de impacto”, comenta Sarah Norris, directora de inversiones de Aberdeen Standard Investments. “Esto dificulta enormemente la incorporación del impacto en las estrategias multi-gestor y el cumplimiento del objetivo de aportar información no financiera de los clientes. Además, las empresas ahora están adoptando los ODS en sus informes y revelando la alineación de los mismos, pero a menudo no revelan los riesgos relacionados con dichos objetivos”.
“No queda tiempo para la autocomplacencia y el greenwashing. Es necesario mejorar los instrumentos para apreciar los progresos realizados por las empresas”, insiste Jean-Philippe Desmartin, jefe del equipo de inversión responsable de Edmond de Rothschild Asset Management. El problema es que la complejidad de la regulación puede crear también impactos negativos involuntariamente. “La dirección adoptada por la ASG tiende a favorecer a los grandes gestores, esto es, a las empresas que tienen recursos e infraestructura para cumplir con el creciente número de informes y, además, para tener un impacto efectivo en las prioridades de las empresas dentro de la agenda de sostenibilidad”, defiende Christophe Jaubert, director de inversiones en Mediolanum IF.
Dicho todo lo anterior, la postura de las gestoras es más bien optimista. “Los accionistas están teniendo éxito presionando por una mayor transparencia y cambiando el panorama de lo que se consideran normas de la industria”, detecta Mary Jane McQuillen, gestora y responsable de ASG en ClearBridge Investments. “Si bien los proxy voting continúan enfocados en temas como el clima o el género, otro tema candente reciente es la divulgación de contribuciones políticas. Esto es notable; el péndulo está oscilando hacia la valoración de las prácticas comerciales justas y la transparencia”.
No perderse en las pequeñas batallas
Eso sí, si bien la taxonomía y las etiquetas permiten la armonización y ofrecen a los inversores una cuadrícula de lectura, para Hamid Amoura, director de inversión responsable de Mirabaud Asset Management, deben verse como un primer paso y no como un objetivo en sí mismo. Ben Constable-Maxwell, responsable de inversión sostenible y de impacto en M&G, lo resume muy bien en una frase: No se puede contabilizar todo lo que merece ser contado. “Puede que no podamos medir todo con exactitud, pero eso no debería frenar el progreso. Los inversores sabemos lo que necesitamos hacer para lograr una mayor sostenibilidad, así que nos podemos poner en marcha. Las mejores herramientas llegarán más tarde”.
“No tenemos tiempo para discutir sobre los detalles más finos”, insiste también Archie Beeching, director de inversiones responsables, Muzinich & Co. “Debemos asegurarnos de que el capital está financiando la transición hacia una economía más sostenible y eso requiere regulación, incentivos como mercados de carbono que funcionen correctamente a escala e ideas más audaces y largoplacistas por parte de los gobiernos.
