Una de las categorías de renta fija más nuevas es la de los “green bonds” o bonos verdes, instrumentos de financiación cuyas rentas se dedican exclusivamente a proyectos ecológicos nuevos o ya existentes que sean beneficiosos para el medio ambiente. En sus orígenes la mayoría de las emisiones fueron acaparadas por emisores supranacionales como el Banco Mundial o el BEI. La noticia es que ahora cada vez más emisores financieros y corporativos recurren a estos instrumentos para poder financiarse.
“Al ser una clase de activos nueva, en los bonos verdes corporativos suceden muchas cosas por primera vez” señala Vladimir Jovkovic, gestor de M&G Investments. En una de las últimas entradas a Bond Vigilantes, el blog sobre renta fija de la firma británica, Jovkovic analiza las perspectivas de este mercado. El gestor recuerda que, en octubre de 2012, la compañía de gases industriales Air Liquide afirmó ser “la primera compañía privada en emitir bonos que cumplen los criterios de los inversores ISR”.
“Desde entonces, hemos asistido al anuncio de la eléctrica francesa EDF en noviembre de 2013 de ‘la emisión del primer Bono Verde corporativo’, aunque es posible que este título se lo lleve la compañía inmobiliaria sueca Vasakronan (por un par de días)”, indica el experto. También se hace eco de un comunicado de Unilever en marzo de este año, cuando anunció que “El bono de sostenibilidad medioambiental de Unilever es el primer bono verde del mercado de libras esterlinas, y el primero emitido por una compañía del sector FMCG”.
“Es evidente que los emisores corporativos están empeñados en acelerar el desarrollo del mercado de bonos verdes como fuente de financiación alternativa y, al hacerlo, elevan la concienciación sobre los temas medioambientales que afrontan”, explica Jovkovic. Al tiempo, subraya que “las empresas son ahora la mayor fuente de emisión de bonos verdes”. Pese al rápido desarrollo de esta clase de activo, tampoco pierde la vista sobre sus inconvenientes: “Aunque está claro que los emisores y los inversores ganan puntos, ya que mejora su reputación por su participación y apoyo a proyectos sostenibles, los bonos verdes carecen de una definición vinculante e internacionalmente reconocida, simplemente se adhieren voluntariamente a una serie de orientaciones”, señala.
Rasgos identificativos
Desde M&G indican como una de las características estructurales de los bonos verdes que a menudo se emiten fuera de los actuales programas de emisiones de valores de renta fija europeos (Euro Medium Term Note), y están garantizados por la compañía matriz. “Los flujos de caja que pagan los bonos proceden del emisor, por lo tanto se benefician de los flujos de caja generales de la compañía, no sólo de los del proyecto que se está financiando. No es extraño, por lo tanto, que la calificación de crédito de estos bonos esté en línea con otros bonos del mismo emisor”, explica Jovkovic. “Esta dislocación, sin embargo, significa que los inversores no pueden identificar los flujos de caja del proyecto subyacente”, añade.
Otra de las características estructurales de los bonos verdes, “una de las piedras angulares” en palabras del gestor, es que mientras que los emisores de bonos corporativos suelen ser imprecisos en su definición de rentas en el apartado “fines corporativos generales”, en el caso de los green bonds en cambio ese empleo de las rentas está definido en la documentación legal, “lo que debería suponer cierta transparencia”, apostilla Jovkovic, que añade: “Digo cierta porque, en la práctica, una vez que las rentas se emplean, puede que el inversor tenga un acceso limitado a la información sobre el avance del proyecto y la medida en que está cumpliendo sus objetivos medioambientales. Por ejemplo, ¿están contribuyendo los ingresos del bono de un determinado proyecto a una reducción identificable de los gases invernadero, a mejorar la gestión del agua o de los residuos?”.
“Existe cierta asimetría entre las credenciales verdes que se exigen a los emisores y a los inversores”, observa el experto en tercer lugar. Indica que, para que una entidad emita un bono verde tiene que guiarse por los principios establecidos por el ICMA (Asociación Internacional de Mercados de Capital). Estos principios incluyen guías de actuación en torno al uso de los ingresos, la evaluación y selección del proyecto, la información y la gestión de los ingresos, con la indicación para mejorar la integridad medioambiental del instrumento a través del uso de un auditor externo, un verificador independiente o una agencia de calificación de ISR.
“Pero, en contraste con tantas exigencias como se imponen a los emisores, parece que no hay limitaciones sobre qué fondos de renta fija tienen derecho a participar en una emisión de este tipo”, apostilla Jovkovic. Éste denuncia que “aunque los emisores citan con frecuencia su voluntad de diversificar sus fuentes de financiación y atraer a inversores conscientes ISR y Medioambiental Social y de Gobierno (ESG) que buscan instrumentos de renta fija sostenibles, los propios inversores no necesitan presentar un certificado de salud verde”. El gestor explica que algunos de estos bonos verdes pueden no satisfacer a “ciertos fondos ISR que pueden alegar, acertadamente o no, que, por ejemplo, EDF está utilizando los flujos de caja generados por las actividades de energía nuclear para pagar los cupones de su bono verde”.
La otra lectura que se puede dar en opinión del representante de M&G es que “los proyectos medioambientales están obteniendo mejoras de crédito a través del empleo de flujos de caja corporativos para impulsar la inversión en iniciativas medioambientales”. “En cualquier caso, sigue siendo el inversor el responsable de determinar hasta qué punto el bono es ecológico. Hasta ahora, las agencias de calificación no han intervenido en la discusión asignando un ranking relativo de ecologismo”, concluye.
