El equipo de crédito financiero de la gestora británica critica el procedimiento de activación de bail in y plantea algunas dudas de cara al futuro.
Los miembros del equipo de crédito financiero de M&G Investments se han tomado unos días para poder ver con perspectiva el shock que ha supuesto la compra del Banco Popular por Santander por el precio simbólico de un euro. Tras analizar la operación, que ha implicado la ejecución del primer bail in oficial de la zona euro, han llegado a ocho conclusiones que exponen a continuación.
Cabe recordar que el BCE intervino en el proceso al declarar a Popular como “likely to fail”, es decir, como banco con riesgo real de quiebra. En la última reunión celebrada por el BCE, su vicepresidente Vítor Constancio defendió que esta declaración era esencial para la actuación de la Junta Única de Resolución, que dio el visto bueno al FROB para la ejecución de toda la operación. Teniendo en cuenta este contexto, los expertos de M&G destacan como primera conclusión que “el BCE puede actuar rápidamente cuando considere que un banco ha alcanzado el punto de no viabilidad y diseñar un plan de resloción”. El equipo observa que “la velocidad con la que los reguladores actuaron claramente pilló al mercado por sorpresa”, pero matiza que “la forma en que el regulador determina que un banco no es viable todavía es una zona gris (considerando la situación en torno a algunos de los bancos italianos más débiles)”.
Los expertos dan una de cal y otra de arena, porque su segunda conclusión es que “los test de estrés de la UE no son una evaluación muy buena de la viabilidad de los bancos a medio plazo”. Aunque aclaran que esta crítica no es nueva, creen que el caso del Popular “debería servir como un recordatorio, dado que tenía un CET1 bajo, pero suficiente del 7% en las pruebas de 2016”. Además, el banco tenía un Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) del 146%, frente al mínimo del 100%, que ha demostrado ser insuficiente para frenar la fuga de depósitos que provocó su caída.
Al hilo de estas observaciones, desde M&G añaden que, cuando se desencadena la conversión de los bonos AT1, “lo más probable es que el detonante de la inviabilidad provoque conversiones o amortizaciones y no la caída de la ratio de capital, restando importancia a la diferencia entre los CoCos high-trigger y low-trigger”.
Continuando con esta lógica, el equipo asevera que, en una situación de estrés, “las pérdidas Tier 2 no son muy distintas de las de bonos AT1”. Es decir, que una amortización rápida y completa de la T2 revelaría “la postura potencialmente poco envidiable en la que se encuentran los inversores de T2”. Los expertos aclaran que no sugieren que los instrumentos AT1 y los T2 presenten exactamente los mismos riesgos, dado que los AT1 presentan puntos en común con la rentabilidad, como la distribución discrecional de rentas o la posibilidad de ampliación a perpetuidad, pero “en un caso de punto de no viabilidad, puede que la T2 no ofrezca mucha más protección a los inversores”.
La quinta conclusión del equipo es que “las valoraciones de los activos del banco tienden a desplomarse una vez que el banco es declarado como no viable”. Se refieren a que “si la señalización de los efectos o los incentivos del regulador son conservadores, entonces las pérdidas impuestas a los inversores han sido históricamente considerablemente más grandes que las expectativas del mercado, dando como resultado a un rescate público”. Un buen ejemplo de esta situación fue lo que sucedió en Portugal con Novo Banco.
Matizaciones sobre la deuda sénior
El equipo de crédito de M&G tiene más observaciones referentes a la estructura de capital del banco. Por ejemplo, matizan que “existe una fina línea entre el punto de no viabilidad y la amortización: los bonos sénior no preferentes también están diseñados para sumir pérdidas”. Es decir, que la deuda sénior no preferente “es un instrumento de resolución, no un instrumento de punto de no viabilidad”, lo que implica que “existen muchas probabilidades de que cuando un banco alcance el punto de no viabilidad se produzca una resolución y se active la deuda sénior no preferente”. El equipo aclara que hay casos en los que la conversión de deuda subordinada “puede bastar para evitar la resolución de un banco, pero depende del tamaño de la pérdida que sufre la entidad individual”. En el caso particular del Popular, no había deuda pendiente de esta categoría, pero los expertos de M&G creen que, en caso de haberla, “es muy posible que también hubiese asumido pérdidas”.
Asimismo, aunque en el caso del Popular se haya evitado la quita de deuda sénior, desde la gestora no creen que esto signifique “que las entidades reguladoras estén haciendo todo lo posible para evitar pérdidas de deuda reestructurable en futuras ocasiones”. Al contrario, ven más probable “que los reguladores intenten proteger la deuda sénior que es pari-passu con depósitos u otros pasivos sénior, en aras de una resolución limpia y la estabilidad financiera, pero para ellos es más sencillo reestructurar pasivos de depósitos (por ejemplo, deuda sénior alemana, deuda sénior HoldCo o deuda sénior no preferente) y no debemos esperar que los protejan”.
La última conclusión del equipo es abierta, dado que se fijan en la persistencia de ciertos interrogantes sobre el principio de que ningún acreedor debe quedar peor que en liquidación, puesto que "no está claro cómo habrían sido tratados en tal caso los titulares de deuda subordinada del Banco Popular”. “Es posible que crean que las medidas que está tomando el Santander respecto a los préstamos incobrables son demasiado conservadoras (provocarán unos ratios de cobertura significativamente más altos que el promedio de la banca española, aunque esta media puede que no sea una referencia razonable) y, en consecuencia, litiguen”, añaden.
