TRIBUNA de Jorge Díaz, Responsable de Ventas Institucionales de Amundi Iberia. Comentario patrocinado por Amundi.
TRIBUNA de Jorge Díaz, Responsable de Ventas Institucionales de Amundi Iberia. Comentario patrocinado por Amundi.
Las consecuencias del cambio climático representan un riesgo para los propietarios de los activos, las gestoras de activos y la comunidad financiera en general. Con el discurso que pronunció en Lloyd’s of London en septiembre de 2015, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue una de las primeras figuras prominentes del mundo financiero en señalar los riesgos que entraña el cambio climático y en denunciar lo que denominó la tragedia del horizonte, en referencia al hecho de que los riesgos asociados con el cambio climático son riesgos a largo plazo que los mercados, cortoplacistas por naturaleza, no descuentan porque los actores financieros del presente, guiados por indicadores de corto plazo, no tienen incentivos para buscar soluciones.
Esta externalidad expone a los participantes del mercado a tres tipos de riesgo para la estabilidad financiera:
- En primer lugar, están los riesgos ligados a las responsabilidades legales, es decir, la posibilidad de que los afectados por el cambio climático reclamen indemnizaciones a quienes contaminen.
- En segundo lugar, los riesgos físicos derivados del deterioro que podrían sufrir los activos físicos tanto por el cambio climático en sí como a consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones o tormentas.
- Por último, pero no menos importante, los riesgos transicionales, es decir, el riesgo de que ciertas materias primas muy valoradas a día de hoy puedan sufrir una brusca devaluación como resultado de cambios tecnológicos o regulatorios, dando lugar a los denominados ‘activos varados’ u obsoletos. Pensemos, por ejemplo, en las empresas productoras de combustibles fósiles. En la actualidad, parte de su valor reside en la magnitud de sus reservas. Sin embargo, si esas reservas no pudiesen explotarse a consecuencia de los esfuerzos por limitar las emisiones de gas de efecto invernadero –uno de los compromisos internacionales adoptados como parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015– estos activos se volverían obsoletos. A su vez, es probable que las empresas propietarias de esos activos obsoletos sufran pérdidas de valor. Por ese motivo, las estrategias de desinversión en combustibles fósiles y en otras actividades con una elevada huella de carbono no solo están alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global sino que también resultan sensatas desde la perspectiva de la inversión financiera.
Una oportunidad única de inversión
Ahora que las consecuencias medioambientales del cambio climático son cada vez más visibles y afectan a comunidades de todo el mundo, atrayendo una creciente atención mediática, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una cuestión que solo puede afrontarse a nivel internacional.
El Acuerdo de París de 2015 (COP21) supuso un cambio radical en este sentido: no solo se trata del acuerdo sobre cambio climático más ambicioso hasta la fecha, sino que el hecho de que haya sido ratificado por un número de países tan amplio –195 países se han comprometido a limitar el calentamiento global a menos de 2º C por encima de los niveles preindustriales– ha sido una de las claves de su éxito.
Gobiernos de todo el mundo han traducido ese compromiso en propuestas nacionales para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y garantizar una transición energética mundial, con consecuencias tangibles para los inversores institucionales. Los legisladores están liderando la lucha contra el cambio climático gracias a la creación de las estructuras institucionales necesarias para fomentar la movilización de los mercados de capitales.
En paralelo, han surgido diversas entidades que están trabajando en la armonización de la información que deben aportar tanto empresas como instituciones. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) proporciona varias recomendaciones clave orientadas tanto a organizaciones como a sectores de actividad.
Las formidables necesidades de financiación asociadas a la transición energética exigirán la movilización de la comunidad financiera mundial para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el objetivo de 2ºC del Acuerdo de París. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requerirá realizar inversiones por valor de noventa billones de dólares a lo largo de los próximos quince años, de los que unos 53 billones habrán de destinarse a generación de energía y eficiencia energética de aquí a 2035 para mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC.
Sin embargo, invertir en la lucha contra el cambio climático no ha resultado tan fácil como pudiera parecer. Hasta ahora, las soluciones existentes presentaban una serie de problemas que dificultaban que esta cuestión fuese accesible al gran público. En renta variable, las soluciones no resultaban escalables, ofrecían poca transparencia y, en general, no se apoyaban en metodologías sistemáticas. En renta fija, los inversores temían que la etiqueta de ‘verde’ llevase aparejada unas rentabilidades más bajas. En infraestructuras, la naturaleza inherentemente diferente y las particularidades locales lo convertían en un mercado complejo y con una larga curva de aprendizaje.
En Amundi, decidimos afrontar estos retos a través de soluciones sencillas y escalables que no lastren las expectativas de rentabilidad en las principales clases de activo, una cuestión que trataremos en la próxima entrega de esta serie de tres artículos centrados en los riesgos y las oportunidades de inversión que presenta el cambio climático.
