Nosotros pensamos que sí, al menos hasta la próxima subasta de liquidez de finales de febrero. En esta fiesta se reserva el derecho de admisión, no entra cualquiera. Los valores más cíclicos y los bancos son los invitados de honor, los defensivos (alimentación, telecos y utilities) siguen esperando su turno en la puerta. En este sentido, los valores españoles, como casi siempre nos pasa, han llegado tarde. No es que no vayan a subir, pero lo harán menos que el resto de europeos porque con la reforma bancaria (que nos parece un buen primer paso hacia una solución de medio plazo, pero donde sigue latiendo la duda de Bankia) no es suficiente. También hacía falta la reforma laboral.
Está claro que el mercado es alcista, y mucho. Ni con el enrarecimiento de la situación en Grecia (canje de deuda privada y liberalización del segundo paquete de rescate) ha habido pánico en los mercados, a diferencia de meses atrás. Con el acuerdo de Grecia a nivel político, la clave es ahora que llegue el dinero del rescate y que el BCE defina su participación (debe participar, esta fiesta es a escote). Con todo, como no se acaba de confiar en el país heleno, la UE podría plantear la partición de los 130.000 millones de euros de ayuda en dos cuentas, gestionadas por la UE, destinadas al pago de los acreedores (prioritario) y un segundo fondo destinado a hacer frente a las necesidades de financiación griega, pero supeditada al cumplimiento de las medidas exigidas. Mientras, los acreedores privados aceptarían en el canje un cupón ligeramente por debajo del 4% lo que, junto al mayor plazo y la quita del 50%, implicaría una reducción del 70% en el VNP.
Y lo más complicado está en lo que se le pide a Grecia, que no es precisamente una fiesta. Por un lado, al sector público se le exige la reducción de 15.000 empleos de un plan de 150.000 hasta 2015, la revisión de las escalas salariales y de las nóminas especiales para ahorrar un 0,2% del PIB y, entre más cosas, la reducción del gasto público en 3.300 millones de euros (1,5% PIB) afectando principalmente a sanidad y medicinas. Y al sector privado la reducción del salario mínimo de entre un 20% y un 25%, lo cual afectaría aún más al consumo y las cuentas públicas (dejarían de ingresar por impuestos y seguridad social más de 3.000 millones de euros), la congelación de los salarios hasta que la tasa de paro descienda hasta el 10% y la reducción de costes no salariales, acompañados de cambios y medidas estructurales en la negociación colectiva.
Como hemos dicho, España debe centrarse en las reformas. La financiera podría suponer un recorte del crédito del 10% durante los próximos dos años, lo cual pesará en el sector de la construcción y en el consumo. En cuanto a la reforma laboral, lo anunciado por el Gobierno (pendiente de reunirse con agentes sociales y empresarios) se centra en el abaratamiento del despido (pasamos de 45 días a 33 por año trabajado) y un contrato indefinido para menores de 30 años. El despido procedente será de 20 días por año trabajado con un máximo de un año de salario. Por otro lado, la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada "ultraactividad" que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios. Se crea una cuenta de formación. Queda pendiente que todo esto incluya mejoras de productividad.
Una buena percepción de las reformas tanto por los inversores extranjeros como los agentes domésticos podría redundar en una mejora en la confianza empresarial y del consumidor, contrarrestando en parte los efectos contractivos de las medidas. Mientras, también los índices de crédito siguen alcanzando nuevos mínimos, especialmente en contado. Las entidades se están aprovechando del efecto LTRO BCE con una agenda de primario periférico muy intensa: en el financiero (Banesto, BBVA, Sabadell o CaixabanK) y en el corporativo (Telefónica o Repsol). La importante reapertura del mercado primario desde diciembre ha supuesto para el segmento corporativo español haber colocado ya el 47% del importe emitido en 2011 y el 22% para el segmento financiero.
