Con el antecedente previo de la cita del Tesoro español con la emisión de bonos a dos, cuatro y diez años bajo la sombra de los elevados intereses que está obligado a pagar, la reunión del BCE que se celebraba se planteaba como una de las más determinantes desde el inicio de la crisis. Al menos así se esperaba por parte del mercado, tras los comentarios más recientes del presidente Draghi en el sentido de apoyar la reducción de las primas de riesgo.
Sin embargo, el resultado de la misma no solamente no ha aliviado la presión en la crisis que atraviesa la eurozona, en especial España e Italia en estos momentos, sino que ha precipitado la sensación de urgencia en la necesidad de intervención y petición formal de un rescate de mayor alcance que el estrictamente bancario.
Aunque es obvio decirlo, día muy importante para los intereses de España y Europa, donde veremos a partir de ahora una hoja de ruta para el establecimiento de la intervención de España, condición previa para que el BCE sea capaz de cumplir con lo indicado de hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad y el futuro de la eurozona.
Así, tras un arranque de sesión moderado a la espera de la reunión y posterior comparecencia del BCE, llegó el baño de realidad y con él el desplome bursátil, que solamente acaba de comenzar.
El problema es que sigue resultando decepcionante la falta de medidas sustanciales e inmediatas para acelerar los planes de ajuste fiscal, sin los cuales no se estabilizará la deuda. Las compras de deuda por el BCE solamente logran retrasar las subidas de rentabilidad pero no resuelven el problema, que radica en que la corrección del déficit está siendo muy lenta y la deuda pública finalizará el año próxima al 100% si no se pisa el acelerador de las reformas con nuevas medidas de ajuste tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.
Lamentablemente la situación se parece cada vez más a la situación menos deseada: la historia reciente de Irlanda y Portugal. Por lo tanto, la total desconfianza en la solvencia económica de España y su capacidad de reconducir la situación, y la incapacidad de lograr financiación a tipos razonables, unido al deterioro del PIB que provocarán las nuevas medidas de ajuste, llevarán sin ninguna duda a que nuestro bono sea rebajado a la calificación de basura antes de que acabe el año.
Cuando esto sucede ocurre lo que ahora estamos viendo: los inversores dejan de considerar la rentabilidad teórica que ofrecen sus activos en España para plantearse cuánto se puede recuperar de lo invertido.