Cuando analizamos inversiones desde el punto de vista de la sostenibilidad, uno de los sectores más controvertidos es el de la minería, y más si nos centramos en el oro: desde un punto de vista estrictamente financiero el oro es considerado como activo refugio y actúa como cobertura para las carteras en escenarios de inflación o de eventos económicos extremos. Además, la minería y actividades asociadas a la misma tiene un efecto generador de riqueza para los países donde se encuentran los yacimientos de oro vía empleo, construcción de infraestructuras, déficit por cuenta corriente y recaudación fiscal, entre otros. Desde el punto de vista de huella de carbono, tan sólo el 0,3% de las emisiones totales de CO2 provienen de esta actividad, y la mayoría de estas se generan por la electricidad y energía fósil empleada en la extracción y fundición, con lo que este tipo de energía podría ser sustituida por otro tipo de energías más limpias como la eólica o la biomasa, entre otras.
Habiendo considerado estos aspectos positivos, de sobra es conocido por todos que tradicionalmente el efecto de la minería ha sido sin embargo devastador para la tierra, las comunidades y los derechos humanos. Desde el punto de vista medioambiental, tiene un efecto muy contaminante en el agua y vertidos, por la cantidad de sustancias tóxicas como el cianuro y mercurio desprendido, el impacto sobre la biodiversidad y la vida en la tierra y los mares es muy agresivo (frecuentemente se encuentran cercanos a enclaves protegidos, como por ejemplo la mina de oro y cobre de Grasberg, en Nueva Guinea, cercana al parque nacional de Lorentz, la mayor región protegida del Sudeste Asiático)
Desde el punto de vista económico, la mayoría de los países en vías de desarrollo muy ricos en minerales presentan muy bajas tasas de crecimiento y de las tasas de pobreza más elevadas del mundo. Este es el fenómeno conocido como “The resource curse” (La maldición de los recursos) y se produce porque el país suele enfocar todos sus esfuerzos en esa actividad ignorando las inversiones en otros sectores, por lo que la economía se vuelve muy dependiente de los precios de las materias primas, y, por ende, su PIB presenta una gran volatilidad. *
En el terreno de derechos humanos y laborales, la situación no es mejor: por citar tan sólo algún ejemplo, las expropiaciones de tierras a los indígenas es práctica habitual, junto con la falta de derechos laborales, escasa protección que desencadena enfermedades como la tuberculosis, silicosis y otro tipo de problemas respiratorios o el efecto negativo en las mujeres, entre otros.
Si la actividad minera y en concreto el oro puede tener efectos positivos para las comunidades, ¿por qué no regular todas aquellas malas prácticas acometidas en el pasado y tratar de transicionar hacia un sector consciente con el medio ambiente, la gobernanza económica y los derechos sociales? En este sentido, el World Gold Council, organización cuyo objetivo es garantizar el adecuado desarrollo del mercado de oro, estableció en 2019 los Principios para la minería de oro responsables (Responsible Gold Mining Principles), 10 principios en torno a criterios de Gobierno, Sociales y Medio Ambientales, de obligado cumplimiento para aquellas empresas mineras adheridas y hoja de ruta a seguir para inversores y proveedores de financiación. Sin duda un excelente ejemplo de hoja de ruta para llevar a cabo una adecuada transición de la actividad minera.
* (Esto no ocurre en todos los países productores de materias primas: no olvidemos que China es el mayor productor con el 14% de la producción total mundial seguido de Australia, Rusia, EEUU y Canadá)