TRIBUNA de Fernando Rojas y María Rodríguez, consultores en servicios financieros de Afi.
Cuando se analiza el impacto de la crisis financiera 2008 – 2012 y sus consecuencias durante los años posteriores, se suele poner el foco principal en los activos improductivos, especialmente los procedentes del sector de la construcción y promoción, que llevaron a desarrollar políticas de gestión para los mismos, como por ejemplo la creación de sociedades gestoras de activos improductivos (SAREB en el caso de España).
Más de una década después del inicio de esa crisis, el completo saneamiento de los balances bancarios se mantenía como una de las principales preocupaciones junto con la exigua rentabilidad, lastrada por un largo periodo de tipos de interés muy reducidos. Esto es así ya que, aunque a cierre del año 2019, los bancos españoles habían reducido más de 130.000 millones de euros en préstamos dudosos a los que hay que sumar cerca de 55 mil millones de euros en activos adjudicados, la tasa de morosidad aún se encontraba casi 4 puntos porcentuales por encima del pre – crisis.
Y es en este contexto en el que irrumpe una nueva crisis económica provocada por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de la COVID – 19, con un deterioro económico sin precedentes ocasionado por medidas sanitarias de emergencia, principalmente por los confinamientos decretados. En este contexto, las autoridades monetarias y fiscales se apresuraron, ya desde un primer momento, a implementar una nueva artillería de medidas que buscaban “anestesiar” los efectos más adversos de la pandemia.
El principal foco que pretenden corregir las autoridades, tal y como expresó el supervisor europeo bancario (MUS) la semana pasada con su mapa de riesgos para 2021, es el más que esperado aumento de los impagos en los próximos trimestres, más si cabe en un contexto de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y de los efectos sobre la economía, derivando a que las entidades bancarias fueran más precavidas a la hora de conceder nuevos préstamos. En este marco se encuadran los programas de avales, que permitieron la inyección de liquidez a las empresas para que pudieran hacer frente a pagos fijos, las moratorias, los ERTE y las exenciones contables en la reclasificación de los préstamos ante aumentos del riesgo, lo que ha permitido que la tasa de morosidad se haya mantenido estable en el año 2020.
Sin embargo, cabe esperar un aumento de la corriente de impagos de cara al año 2021 y especialmente 2022, una vez que se reviertan parte de las medidas tomadas, sobre todo las exenciones contables y las moratorias, a lo que hay que añadir el impacto económico que se notará en el mercado laboral, a causa de la creciente defunción de empresas y la finalización de los ERTE. No obstante, y a diferencia de los activos improductivos procedentes de la crisis financiera de 2008, de la actual aflorarán activos dudosos de naturaleza muy diferente, con una enorme heterogeneidad, como corolario del fuerte impacto asimétrico de la crisis entre países, provincias y sectores productivos.
¿Más morosidad?
Y esta asimetría de carácter sectorial-geográfico, que también se reflejará en el previsible incremento de la morosidad, es precisamente el rasgo más característico de la actual crisis pandémica. Si bien en la anterior crisis la oleada de morosos se comportó de manera relativamente homogénea, en esta crisis conviven sectores muy damnificados por esta pandemia, especialmente aquellos que dependen en gran medida del consumo, como el ocio, el turismo o la hostelería, en donde previsiblemente se incrementará la morosidad de forma significativa; frente a sectores que han mostrado un elevado grado de resiliencia, como, por ejemplo, el sector primario. Es por ello que este contexto, y ante la inminente nueva oleada de morosos, es responsable de la aparición de retos inéditos para el sector bancario: la gestión de la futura corriente de impagos haciendo énfasis en las diferencias inter-sectoriales y geográficas del prestatario.
