Con la publicación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno pretende elevar la presión fiscal sobre los contribuyentes con el propósito de acabar con la economía sumergida de nuestro país, que según fuentes del gobierno se cifra en torno el 23,3% del PIB, y con la cual se espera aflorar 8.000 millones de euros. Estas son las principales novedades que deben tener en cuenta los contribuyentes.
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