Aunque la estabilidad financiera no es ciertamente un concepto de invención reciente, su consideración como objetivo público recibió un impulso notorio hacia mediados de la década de los noventa del siglo pasado. En aquel momento las economías avanzadas disfrutaban de una fase de expansión con escasa inflación (la llamada gran moderación) que se prolongó hasta el comienzo de la crisis actual en 2007. No obstante, la identificación de desequilibrios en los mercados de activos y el aumento del endeudamiento del sector privado en numerosas economías en un contexto de desregulación progresiva y globalización de la actividad financiera reforzaron el interés de las autoridades públicas -y, singularmente, de los bancos centrales- por la evaluación de la situación y perspectivas del sistema financiero y de su interacción con la economía real.
Las crisis de los mercados emergentes, la caída del fondo LTCM en 1998 y el desplome de los mercados bursátiles internacionales en 2001 produjeron una motivación suplementaria para la introducción de la estabilidad financiera entre los objetivos explícitos de las políticas públicas. Sin embargo, ha sido la crisis actual la que de forma más clara ha evidenciado el impacto contundente que un inadecuado funcionamiento del sistema financiero puede tener sobre las perspectivas de crecimiento y de creación de empleo. La estabilidad financiera se ha mostrado siempre como un concepto elusivo, más fácil de definir en negativo (es decir, la ausencia de estabilidad financiera) que en positivo.
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con la estabilidad macroeconómica, no se dispone todavía de un marco conceptual suficientemente sólido para su análisis y, en particular, se está lejos de poder definir una función de reacción que permita ligar la información macro y micro disponible con actuaciones concretas para preservar la estabilidad financiera. La crisis no ha alterado el papel esencial que la solvencia de las entidades de crédito desempeña en la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, ha mostrado la necesidad de completar los enfoques de supervisión habituales -basados en esquemas micro-prudenciales- con el seguimiento de los riesgos generados en el contexto económico y financiero relevante.
Al mismo tiempo, los acontecimientos recientes indican que el aumento de la capacidad de absorción de pérdidas de las entidades bancarias no resulta una condición suficiente para contener los riesgos sistémicos relevantes. La actuación regulatoria debe, además, desactivar otros factores desestabilizadores que exceden del ámbito directo de actuación de la normativa prudencial. Así, en el epicentro de la crisis se encuentran, entre otros elemento : el inadecuado comportamiento de las agenciasde rating, la ausencia de mecanismos eficaces de mitigación del riesgo de contrapartida en los mercados de derivados o la ausencia en algunos mercados de dispositivos que permitan limitar eficazmente la volatilidad de losprecios. Sobre todo, la crisis responde en gran medida a una profunda crisis de confianza derivada, en parte, de las deficiencias de las normas que regulan la transparencia de la situación patrimonial de los emisores de valores -singularmente de las entidades financieras-, de la naturaleza de los productos ofertados en los mercados y de las condiciones de oferta y demanda en un gran númerode mercados -como los de renta fija y derivados-.
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