Estamos asistiendo a un notable incremento de entidades extranjeras (comunitarias o no) que mediante diferentes fórmulas, EAFIs o sociedades gestoras participadas, libre prestación de servicios, pasaporte comunitarios de una subsidiaria en Luxemburgo… están accediendo al mercado español, que en este momento es muy atractivo por sus tasas de crecimiento en el sector de banca privada y especialmente en la distribución de fondos de inversión de gestoras extranjeras mediante carteras de gestión discrecional.
Muchas veces, en estas implantaciones en España no se le da la importancia suficiente al cumplimiento de toda la normativa en particular de prevención de blanqueo de capitales debido a la errónea creencia que se arrastra. El cumplimiento de la normativa de prevención en el país base de la entidad matriz o principal no significa el cumplimiento automático de los requisitos españoles.
Asuntos como la Declaración Mensual de Operaciones (DMO), el Informe Anual de Experto independiente, el reporte de operaciones sospechosas y varias más son temas que a muchos directivos de este tipo de entidad les resultan sorprendentes o chocantes.
Operar en España con clientes residentes, conlleva una serie de operaciones no necesariamente muy costosas, pero con consecuencias no menores de no realizarse adecuadamente.
Prepararse bien, conocer las obligaciones, y sus consecuencias, en definitiva, hacer los deberes en este ámbito como en otros (MIFID II, reporting fiscal) son condición necesaria para que la implantación y el proyecto sean un éxito.