TRIBUNA de Íñigo Bilbao Goyoaga, partner de Estudios Bursátiles SL y experto en fondos de inversión, ETF e IIC.
Hay profesionales del asset management que ven complicado conseguir la uniformidad de la implementación de criterios ESG en la renta variable, dada la subjetividad que implica la metodología Best-in-Class. Pero, a su vez, lo ven como alcanzable tras cierto debate y homologación de metodologías y criterios.
Sin embargo, se muestran escépticos ante la posibilidad de que la industria o la directiva europea SFDR puedan resolver la situación que nos vamos a encontrar en la renta fija. Cumplir las tres siglas a la vez en la deuda, (E) Cambio Climático, (S) Social y (G) buen gobierno lo consideran complejo, sobre todo cuando incluyamos bonos soberanos. Los gobiernos y países que cumplan criterios ESG homologados son un puñado. Por ejemplo, meter en un fondo global bonos de países cuasi dictatoriales con otros con democracias consolidadas (como la norteamericana, alemana o inglesa) y pretender darles la aprobación con un sello ESG, parece algo lejano en el tiempo.
Los bonos verdes (conocidos como Green Bonds) se emiten tanto por emisores gubernamentales como por corporaciones privadas para financiar proyectos que ayuden a prevenir el cambio climático e impulsar la protección del medio ambiente. Y están teniendo una gran aceptación desde sus comienzos en el año 2007. Son inversiones de impacto medibles.
Evolución
Según datos de la Climate Bonds Initiative, una organización global sin ánimo de lucro enfocada en la utilización de los mercados de deuda para buscar soluciones medioambientales, hasta finales de octubre de 2021 se colocaron globalmente 334.000 millones de euros de bonos verdes, un 30% más que durante el año anterior. Desde 2015, estas emisiones verdes han crecido una media anual del 60%. Asimismo, se ha sobrepasado la cantidad de un trillón de dólares bajo gestión en este tipo de deuda desde que se comenzaron a emitir en 2007.
Los EE.UU. lideran el número de emisiones de bonos verdes, siguiéndole Alemania y Francia. Por regiones, Europa es el principal emisor con el 48% de las mismas, mientras los países emergentes se encuentran todavía con un par de años de retraso en este campo.
La financiación de proyectos que tienen un impacto directo en el medio ambiente (como pueden ser la eficiencia energética, la prevención de la contaminación, la agricultura, pesca y silvicultura sostenibles, la protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres, el transporte limpio, el agua limpia y la gestión sostenible del agua entre otros) cumplen con la lucha contra el cambio climático y tienen un impacto en la sociedad.
Se trata de inversiones verdes puras siempre que los emisores las puedan justificar con claridad, para lo cual será recomendable realizar una due diligence antes de la potencial suscripción para evitar un potencial greenwashing del emisor. Pero además de verificar la certificación sostenible, se debe rastrear la utilización de dichos ingresos para garantizar que se utilicen para lograr los objetivos sostenibles propuestos por el emisor, ya que se puede producir la circunstancia de que emita varios en el mismo año, no siendo todos ellos verdes.
Un mercado en auge
Durante los últimos cinco años, ha habido un importante crecimiento en la emisión de este tipo de deuda, siendo los emisores gubernamentales los más activos, pero no los únicos. El gobierno de España, por ejemplo, emitió sus primeros bonos verdes en septiembre de 2021 con gran éxito de solicitudes, habiéndose colocado internacionalmente el 91% de la emisión.
Estos bonos al encontrar una gran demanda en el mercado, cotizan con una prima verde conocida como “greenium” o Green Premium. Estudios académicos han tratado de explicar a qué se debe este efecto “greenium” siendo la conclusión más aceptada que al tratarse de un activo de renta fija con claro impacto en defensa del cambio climático, es muy apreciado por los inversores y permite a los emisores beneficiarse de dicha situación de sobredemanda, financiándose de forma un poco más barata que si emitiesen un bono normal. Dicho Green Premium acabara desapareciendo en los próximos años cuando las emisiones de bonos verdes sean más populares.
Podemos concluir que cumplir todos los criterios ESG en la renta fija va a ser un objetivo complicado para muchos gobiernos y empresas del mundo, al no desempeñar en muchos casos los estándares de buen gobierno que van a solicitar los reguladores occidentales. Sin embargo, los Fondos y ETF de renta fija que se centren en bonos verdes, tanto gubernamentales como corporativos, así como otras categorías que empiezan a emerger como los bonos sociales o bonos azules, tienen un impacto ambiental directo en el planeta y por lo tanto cumplen criterios sostenibles y pueden ser un activo atractivo para incluir en las carteras.