TRIBUNA de Rafael Villanueva, manager del área de Retirement de Willis Towers Watson.
La necesidad de impulsar el ahorro para la jubilación forma parte de las recomendaciones recientemente emitidas por la Comisión del Pacto de Toledo, recalcando la necesidad de una implantación efectiva de los planes de pensiones complementarios, especialmente en el ámbito de la empresa, dotando a estos sistemas “de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros".
La intención del ejecutivo es modificar el régimen de desgravaciones fiscales de los instrumentos de previsión, con el objetivo de trasladar los incentivos desde el tercer pilar, el ahorro individual, al segundo pilar, el ahorro en el ámbito de la empresa.
Según el borrador de Presupuestos presentado por el Gobierno, la aportación máxima a planes de pensiones individuales para poder desgravar se vería reducida a 2.000 euros anuales frente a los actuales 8.000. Esto afectaría también a los planes de previsión asegurados, productos que comparten regulación con los planes de pensiones. Por el contrario, el límite anual de aportación desgravable a planes de pensiones del sistema de empleo (y planes de previsión social empresarial, PPSE) aumenta desde los 8.000 a los 10.000 euros.
Uno de los principales problemas que plantea este traslado de incentivos es que muchos trabajadores no tienen acceso a un plan de empleo, entre ellos autónomos y numerosas pymes, viendo limitada su capacidad anual de aportación para desgravación. Para ampliar el alcance del segundo pilar a todos los trabajadores, el Gobierno ha manifestado su intención de poner en marcha un fondo público de pensiones de empleo que incentive la adhesión de estos colectivos. Se trataría de un sistema de aportación definida que pueda canalizar tanto aportaciones del trabajador como de la empresa.
Si bien quedan muchos detalles por aclarar, podrán adherirse a este fondo los planes de pensiones de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto. Uno de los objetivos del Gobierno es promover la competencia (la gestión será privada si bien no se conocen detalles exactos del proceso de licitación) para asegurar comisiones competitivas a los partícipes. El Gobierno prevé llegar a un volumen de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión, aproximadamente el 30% del PIB español. Un objetivo ambicioso a corto plazo pero que cuenta con el precedente del fondo de inversiones noruego, que gestiona cerca de un billón de dólares, aproximadamente 185.000 dólares por cada uno de los 5,4 millones de habitantes.
Un punto importante a definir es la política de inversión del fondo, algo esencial cuando hablamos de inversiones a largo o muy largo plazo. Es clave encontrar un equilibrio que pueda resolver necesidades de trabajadores en etapas laborales y vitales diferentes y, por tanto, con un perfil de inversión muy distinto. Una posibilidad sería optar por un modelo como el británico, en el que los trabajadores pueden elegir entre diferentes fondos en los que invertir las aportaciones que se realizan a su favor y que abarcan distintos perfiles de riesgo e inversión, contemplando también inversiones con criterios éticos. En todo caso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones supervisaría la política de inversión y tendría derecho de veto sobre la misma.
Medidas adicionales de incentivo al ahorro complementario
Otra de las cuestiones importantes para que este fondo cumpla verdaderamente su cometido de canalizar un ahorro complementario para todos los trabajadores es si debe implementarse algún tipo de obligatoriedad en su adscripción y aportaciones. En este punto, el sistema británico de auto adhesión acapara buena parte de las miradas por sus buenos resultados. Además, está basado en un sistema de matching contribution en el que tanto empresa como el Estado hacen aportaciones a favor del trabajador siempre que éste las realice.
Además, el mecanismo de incorporar por defecto al trabajador al sistema y que la baja deba ser solicitada por él se muestra mucho más eficiente que el sistema inverso, en el que el trabajador tiene que solicitar su propia adhesión. No obstante, no parece que a corto plazo se contemplara la obligatoriedad en el caso español.
Información y transparencia
La creación del fondo público de pensiones, a priori, parece una buena forma de impulsar la previsión social en España, especialmente entre colectivos potencialmente más vulnerables en la jubilación, como los autónomos. Siendo aún poco más que una declaración de intenciones con muchos matices a perfilar, lo que sí parece clave es que nuevas palancas de ahorro para los trabajadores pueden ser insuficientes si no se trabaja en lo que ahora mismo es uno de los talones de Aquiles de la previsión: la falta de información y la escasa cultura del ahorro.
Los trabajadores deben tener una foto clara de cómo va a ser su jubilación, con qué recursos pueden contar, y qué pasos tomar para planificarla adecuadamente. Esto requiere incrementar la formación financiera, pero también transparencia por parte de los organismos públicos. Deben retomarse propuestas como la adopción del sobre naranja en España, comunicación anual a los trabajadores sobre sus futuras pensiones, que se aprobó en 2011 pero no se llegó a poner en marcha. La información es la clave de la toma de decisiones razonadas, y en este caso está en juego el bienestar de millones de futuros jubilados.