La Propuesta de la Comisión Europea sobre la modificación de la Directiva MiFID, publicada el pasado 20 de octubre, tras la recepción de más de 4.200 contestaciones en el periodo de audiencia inicial, plantea importantes novedades para la industria. Entre los aspectos más controvertidos se encuentra la prohibición del pago o cobro de incentivos (i) en la prestación del servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras y (ii) en la prestación de una nueva categoría de asesoramiento, denominado “asesoramiento independiente”. La finalidad de esta prohibición es, en palabras de la Comisión, “evitar conflictos de interés”. La posibilidad de cobro de incentivos quedaría, según la nueva propuesta y de aprobarse la Directiva con el texto actual, de la forma siguiente:
MiFID II, ¿el fin de las retrocesiones?
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