Entender las consecuencias del aplazamiento de la puesta en vigor de la MIFID II, descansa en lo que se pretende conseguir cuando se aplique, inicialmente en enero de 2018. El objetivo de MIFID II es incrementar la transparencia del mercado, para facilitar, por un lado su control por el supervisor (cálculo/formación de precios, comisiones, responsabilidades, documentación, información, formación e integración) y, por otro lado, aunque en paralelo, defender al inversor minorista de posibles abusos. En consecuencia, los efectos del retraso en su entrada serán, tanto sobre la industria como sobre el inversor.
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