Con la entrada en vigor de la Ley 10/20010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -LBCFT-, la cual es de obligado cumplimiento a los sujetos encuadrados dentro del artículo 2 de la citada Ley, se abre un nuevo panorama de aplicación respecto a la normativa de protección de datos personales para dichos sujetos, en base a los preceptos que en aquella se disponen, especialmente, derivados del artículo 32 LBCFT.
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