Aunque esta quinta reforma del sector bancario, la tercera del PP tras las dos anteriores de la era Zapatero, parece estar realizada al dictado de Bruselas y en principio debe dar tranquilidad a los mercados, no está claro que sea así en el medio plazo y todo ello por las siguientes razones:
· Hasta ahora se han nacionalizado varios bancos, como el caso de Bankia, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y Caixa Catalunya, pero aún no se ha realizado la venta o el cierre de ninguno. En las crisis bancarias del sistema capitalista como la actual, ya en el periodo 2009-2010, desaparecieron por falta de viabilidad cerca de 150 entidades financieras en Estados Unidos, pero parece que nuestro sistema bancario no lo permite por el “coste social” que conlleva el cierre de ninguna entidad.
· No parece, por lo tanto, que tan solo por mejorar la regulación se vayan a evitar situaciones como la actual. Más bien, una vez más, solo dilatamos el problema en el tiempo.
· Con carácter general, la no creación de un banco malo como tal, al cual se transfieran todos los activos tóxicos a precio de mercado y que ya tenían provisionados las entidades contaminadas, provoca que la sociedad de Gestión de Activos reciba los mismos activos, teóricamente saneados, pero eso no será así hasta que no se produzca su venta en el mercado y ese periodo es excesivamente largo (quince años), lo cual se antojan demasiados.
· Por otro lado, la Sociedad de Gestión que absorbe esos activos de la banca intervenida deberá poseer un 50% de capital privado para que las emisiones con las que se financie no computen como deuda pública. En la situación actual, no parece lógico pensar que con un mercado inmobiliario deprimido y junto con la actual carencia de créditos para revitalizarlo existan elevados intereses por participar en dicha sociedad, amén del excesivo corto plazo dado para su puesta en marcha. Recordemos que debe estarlo a finales del próximo noviembre.
· Otra cuestión pendiente se refiere al futuro de las preferentes y la deuda subordinada, ya que aunque el Real Decreto habla de su valoración a precio de mercado más un 10% adicional, existen más de 140.000 inversores afectados que no parecen fáciles de conformar con pérdidas que en algunos casos superan el 60% de la inversión inicial.
· Por último, el Gobierno ha filtrado que podrían existir cerca de 200.000 millones en activos problemáticos, pero si no se concreta la cantidad de activos tóxicos que se transfieran a la Sociedad de Gestión, estaremos de nuevo ante una solución a medias y lo que menos necesita el mercado es que se eleve de nuevo la desconfianza por falta de claridad y determinación.
