FundsPeople ha consultado a un bufete de abogados, una gestora de activos y un proveedor de datos ASG para comprender, junto con la perspectiva de expertos y actores financieros, cuáles podrían ser los impactos de la simplificación promovida por la Comisión Europea.
El pasado 26 de febrero, la Comisión Europea publicó el primer Paquete Omnibus. Este paso, según la visión de Bruselas, tiene como objetivo simplificar el marco normativo en materia de sostenibilidad desarrollado en los últimos años y, al mismo tiempo, hacer más competitivo el mercado europeo. “Con el paquete de simplificación Omnibus, la Comisión pretende intervenir sobre la CSRD, la CS3D y la Taxonomía de la UE”, explican Carlo Impalà, socio y responsable del Departamento de TMT y Protección de Datos, y Jun Jie Yang, junior associate del mismo departamento en el bufete Morri Rossetti & Franzosi, consultados por FundsPeople.
Entre los temas destacados por los expertos está la propuesta relativa a la CSRD, que plantea la posibilidad de aplazar la aplicación de las obligaciones de reporte de sostenibilidad hasta 2028. “Este aplazamiento –señalan– daría a las empresas más tiempo para adaptarse a los European Sustainability Reporting Standards (ESRS)”. Impalà y Yang también destacan que el paquete introduciría “una versión simplificada del reporte para algunas empresas, reduciendo el número de indicadores requeridos y adoptando un enfoque más flexible basado en la materialidad de los datos”.
Asimetrías informativas
Aunque estas medidas buscan evitar cargas desproporcionadas para las pymes, los expertos advierten que “el riesgo es que una diferenciación en los requisitos de divulgación genere asimetrías informativas, comprometiendo la transparencia del mercado”.
La CS3D también podría sufrir modificaciones significativas: “El paquete limitaría la responsabilidad directa de las empresas a sus proveedores directos, salvo en casos en los que se identifiquen riesgos específicos en la cadena de suministro. Esta simplificación reduciría la carga para las empresas, pero podría debilitar el control sobre prácticas no sostenibles”.
Finalmente, con la revisión de la Taxonomía de la UE, que busca hacer más claros los criterios de acceso, “algunos sectores industriales previamente excluidos por no cumplir con umbrales restrictivos podrían ahora calificar como sostenibles”.
Una trayectoria sostenible
Las propuestas de modificación son relevantes, afirman los expertos, “sin embargo, la aprobación del paquete sigue siendo incierta”. Por este motivo, “los actores involucrados deberían adoptar un enfoque estratégico y proactivo, evitando quedarse inmóviles a la espera de un marco normativo definitivo. Es importante que las empresas centren sus esfuerzos en una estrategia de sostenibilidad sólida: definir una trayectoria sostenible podría permitir anticiparse a los cambios normativos, reducir el riesgo de inacción e incumplimiento y, al mismo tiempo, garantizar una armonización progresiva con los futuros desarrollos legislativos”.
Evitar el riesgo de greenwashing
Según Riccardo Ceretti, responsable de la Dirección Innovaction LAB de Arca Fondi SGR, “la intención de simplificar el marco normativo y reducir las cargas administrativas para las empresas es una señal positiva para el sistema económico y financiero europeo, con el potencial de liberar nuevos recursos para la transición ecológica y digital".
Sin embargo, cree fundamental garantizar que esta simplificación no comprometa la calidad y la transparencia de la información clave para los inversores sostenibles. El experto presenta la visión de una gestora con una fuerte orientación ASG e indica que su SGR acoge “con satisfacción” la intención de optimizar los mecanismos de finanzas sostenibles y hacer más proporcionales las obligaciones de diligencia debida, “pero consideramos necesario mantener un marco normativo estable y predecible para evitar el riesgo de greenwashing y garantizar la continuidad de las inversiones en la transición verde”.
Evaluación de impactos más compleja
Desde la perspectiva de la gestión de fondos sostenibles, “la revisión de las obligaciones de reporte de la CSRD y de la Taxonomía de la UE podría tener un impacto significativo”, subraya Ceretti. “La reducción del alcance del reporte ASG podría traducirse en una menor disponibilidad de datos estandarizados, haciendo más compleja la evaluación de los impactos ambientales y sociales en las estrategias de inversión”.
Para una gestora como Arca Fondi SGR, que integra criterios ASG en sus procesos de decisión, continúa el experto, “la transparencia sigue siendo un factor clave para garantizar una asignación eficiente del capital y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Por este motivo, seguiremos trabajando para asegurar que nuestros fondos ASG contribuyan eficazmente a la creación de valor sostenible”.
Incertidumbre normativa
Allegra Ianiri, analista de investigación en MainStreet Partners, interviene en el debate sobre la “reapertura y renegociación de directivas recientemente adoptadas”, advirtiendo que esto “podría generar incertidumbre normativa para las empresas y representar un reto para los operadores que ya han invertido en infraestructuras de cumplimiento y reporte en materia de sostenibilidad”.
La visión se centra, inevitablemente, en la cuestión de los datos. “Las modificaciones propuestas podrían provocar una mayor fragmentación de los datos para los inversores, dificultando la evaluación del riesgo y la asignación eficiente del capital. Esto podría influir en el ritmo de las inversiones necesarias para la descarbonización industrial y el crecimiento económico dentro del Clean Industrial Deal”.
¿Qué efectos sobre las valoraciones de los PAI?
Ianiri también menciona el “desajuste entre el reporte de sostenibilidad de las empresas y las obligaciones previstas en la SFDR”, un tema central para los inversores. “La exclusión de más del 80% de las empresas previamente sujetas a los requisitos de la CSRD podría reducir la disponibilidad de datos ASG estandarizados y comparables, aumentando la dependencia de proveedores externos para garantizar evaluaciones fiables de los Principal Adverse Impact (PAI) y el reporte de inversiones alineadas con las taxonomías”.
La experta recuerda, además, que las instituciones financieras, incluidas los bancos y aseguradoras, necesitan datos ASG coherentes “para integrar los riesgos climáticos y ambientales en las evaluaciones de adecuación y liquidez del capital, como establece la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en sus directrices sobre la integración del riesgo ASG (2026 para los grandes bancos, 2027 para las entidades más pequeñas)”. La reducción del reporte obligatorio prevista en la propuesta Omnibus, concluye, “podría aumentar la complejidad del cumplimiento normativo, haciendo que las instituciones financieras dependan aún más de estimaciones”.
