El temido día ha llegado. La agencia de rating Standard & Poor’s declaró ayer a Argentina en estado de impago selectivo después de que el país entrase en suspensión de pagos al agotar, sin llegar a ningún acuerdo, el plazo de un mes impuesto por el juez Thomas Griesa para renegociar el pago de una deuda de 1.500 millones de dólares a varios fondos buitre. El segundo impago del país en 12 años ha hecho saltar todas las alarmas en unos mercados que también están lidiando con las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia y en Oriente Medio y con prácticas empresariales fraudulentas como las de Banco Espirito Santo o Gowex.
Dentro del daño que se ha hecho, los gestores no se esperan una catástrofe de las mismas dimensiones de las del corralito de 2002. Es el caso de Steve Ellis, gestor del fondo FF Emerging Market Debt Fund: “Esperamos que el contagio a otros mercados sea muy limitado. Se trata de un default selectivo y representa un caso legal muy técnico”. El gestor de Fidelity Worldwide Investment añade que “Argentina lleva años aislada de los mercados internacionales, así que no esperamos que este impago distorsione ningún flujo global de capital”. Sin embargo, Ellis sí espera que haya riesgo de un default a más largo plazo que tendría un impacto negativo en la economía argentina. “Llegados a ese punto, el mercado seguramente descontaría un retraso de la devolución de la deuda a todos los acreedores de sus bonos”, concluye el experto.
“No está claro si se activarán los CDS del país. La situación que generó el impago fue un pleito, no que el país no pudiera transferir el dinero para pagar la deuda existente”, explica por su parte Emiliano Surballe, analista de renta fija de Bank Julius Baer. Cabe recordar que el Gobierno de Argentina había transferido a una entidad financiera estadounidense 539 millones de dólares destinados a pagar a los bonistas que aceptaron una quita durante las reestructuraciones de 2005 y 2010. El problema es que el juez que instruye el pleito con los fondos buitre ha mandado bloquear esa cantidad para dar prioridad al pago de 1.500 millones de dólares a los fondos litigantes, que no habían aceptado las condiciones de esa quita.
Surballe no deja de constatar la elevada incertidumbre en torno a cómo se manejará la situación en los próximos días: “Mientras que el mercado se muestra optimista con que se encontrará una solución en los próximos días, el riesgo de ejecución es más elevado que durante la situación previa al impago”. “Ahora, Argentina puede que no tenga que negociar sólo con los fondos buitre sino que tendría que alcanzar un acuerdo con los inversores en la deuda que ha impagado”, concluye el experto.
El que avisa…
El callejón en el que se ha metido la economía argentina ha sido largamente advertido por las voces del mercado. La última en hacerlo fue Regina Borromeo, gestora de carteras de Brandywine, filial de Legg Mason Global AM. A principios de julio Borromeo advirtió claramente del serio riesgo de impago y denunció que “las estadísticas publicadas por el Gobierno argentino son sospechosas, particularmente las que hacen referencia a la inflación”.
Anteriormente, en enero de este año, fue James Barrineau, co-responsable de deuda emergente de Schroders, quien alertó de la difícil situación económica que estaba atravesando el país que preside Cristina Fernández de Kirchner, avisando de que los bonos argentinos denominados en dólares se habían disparado por la creencia de los inversores de que el interminable proceso judicial de la quiebra anterior del país les permitiría conseguir cupones atractivos con poco riesgo. El mensaje de Barrienau seis meses atrás fue claro y contundente: “Cualquier argentino que recuerde lo que sucedió durante la quiebra de 2001 y la devaluación debería centrarse únicamente en convertir sus activos en dólares”. Precisamente, ayer el dólar se disparaba hasta los 13 pesos.
