Actualmente, en España a la hora de prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversiones no hay distinción entre quién es independiente y quién no lo es. Muchos son los que usan ese apellido a la hora de hablar de su labor, pero sin que haya unos principios claros que marquen la diferencia entre unos y otros. Esto podría cambiar de llegar a buen puerto la propuesta de modificación de la Directiva MiFID publicara por la Comisión Europea y las enmiendas a la misma aprobadas por el Parlamento Europeo hace una semana. Según la misma, aquellas entidades asesoras y de gestión de carteras que se declaren como independientes tendrán prohibido el cobro o pago de incentivos.
Las dos cuestiones que ahora se plantean son: qué es ser independiente y qué consecuencias acarreará el declararse como tal. Centrándonos en el primer punto, el texto indica que para que el asesoramiento prestado se considere independiente, la entidad o persona que lo preste deberá llevar a cabo una evaluación de un número suficientemente amplio de productos, no limitados a productos propios o del grupo. La pregunta que queda abierta en el texto es cuánto es un número “suficientemente amplio” de productos. ¿Se considerará suficiente si el asesor trabaja con tres proveedores de productos? ¿Serán necesarios diez? El texto no lo aclara y los profesionales se temen que pueda haber diferencias entre países si la norma deja abierto el texto final a la discrecionalidad de cada estado miembro de la Unión Europea. Podría así darse el caso de que una entidad considerada como independiente en un país no lo fuera en otro.
En cuanto a las consecuencias, si el texto llega a aprobarse (según la Comisión Europea a finales de 2012, si bien es previsible que sufra retrasos para ser aplicable en 2015) supondrá un cambio importante en las reglas del juego. “Se impondrá la necesidad de que las entidades realicen un profundo planteamiento estratégico de su negocio. El ser independiente va a marcar una diferencia real en su modelo de cobro y tendrán que decidir qué quieren hacer”, explican Gloria Hernández y Sara Guitérrez, expertas en la materia de Deloitte.
Según un reciente estudio elaborado por Funds People, y publicado en el número de junio de la revista, entre una veintena de EAFI, sólo el 6% depende totalmente de las retrocesiones y el 12% completa los ingresos que recibe de los clientes con los incentivos derivados de la distribución de productos de las entidades financieras, pues la mayoría (el 44%) acaba devolviéndoselos a los clientes o cobra sólo de éstos (el 37%). Entre los dos primeros grupos, los asesores que actualmente tienen un modelo de cobro basado únicamente en las retrocesiones o mixto, hay división: para algunas empresas prevalecería la marca de independencia, y harían los cambios necesarios para mantenerla, pero otras no estarían dispuestas a perder una parte de su negocio.
Entre las primeras está Profim, donde acogerían y se adaptarían a las exigencias de la normativa, por su compromiso con la independencia y la arquitectura abierta. “Apostamos por el modelo de transparencia actual porque la independencia no se define por el cobro o la ausencia de cobro de incentivos, pero si la normativa acaba diciendo que sólo es independiente el que no las cobra, dejaremos de tener ingresos por esta vía”, explica Jose María Luna, director de análisis de la entidad. En ese caso, tendrían que elevar la tarifa por asesoramiento, algo que tendría impacto tanto en el cliente como en el negocio de las empresas de asesoramiento. El experto calcula que las entidades podrían recortar entre un 10% y un 20% de sus ingresos si se acaba imponiendo ese modelo de prohibición de cobro de incentivos a las independientes.
En Profim, el cliente que opta por el sistema de cobro directo paga el 0,6% por el servicio, y aquel que acepta que la empresa se quede con una parte en retrocesiones paga el 0,4%. Una preferencia mayoritaria esta última, dice Luna. De aprobarse la propuesta de modificación en los términos actuales, Luna cree que el cliente tendrá que valorar si le compensa pagar más pero trabajar con entidades independientes y comprometidas con la arquitectura abierta o si prefiere pagar menos, pero con entidades que la ley impida definir como independientes y que opten por la arquitectura guiada.
Precisamente porque los clientes ya están informados del sistema de cobro en su entidad, Carlos Heras Rincón, consejero delegado de Aspain 11 Asesores Financieros Independientes EAFI, es uno de los que creen que colgarse el apellido de independencia renunciando a los incentivos no compensaría ni tendría sentido. Supondría perder a una parte de sus clientes que tiene escasa disposición a pagar por un problema de cultura financiera: aquellos que pagan sólo la parte de la tarifa que no se cubre con los incentivos o incluso que no pagan, cuando éstos bastan para cubrir la tarifa. Por eso, si la normativa entrara en vigor a día de hoy, no se haría independiente. Heras cree que, aunque la entidad aguantaría, pues se basa mayoritariamente en el cobro al cliente, la eliminación de incentivos tendría consecuencias a considerar. Sobre todo por los gastos que supone mantener la empresa y las continuas inversiones que exige la CNMV. Con todo, cree que el cobro al cliente es el sistema del futuro, aunque necesita una educación previa de los inversores: “Veo a las EAFI sin vivir de las retrocesiones a partir de cinco años”, afirma.
Tampoco cree que compense el cambio Cristóbal Amorós Arbaiza, de la EAFI que lleva su nombre: “En nuestro caso podríamos, no sin cierto coste y esfuerzo, prescindir de las retrocesiones. Pero no lo haríamos, en principio, porque sería más un perjuicio que una ventaja para nuestros clientes. El llevar el apellido "independiente" es una cuestión de fondo más que de forma, y ahí estamos perfectamente convencidos de nuestra absoluta independencia. Por tanto, no creo que nos afectara el no poder utilizar ese calificativo”, explica. Para Amorós Arbaiza, “el no percibir retrocesiones no garantiza la independencia, y en ocasiones puede encubrir prácticas no correctas”. La falta de cultura financiera es el otro obstáculo para cambiar radicalmente su modelo de negocio, junto a un tercer argumento relacionado con el futuro de las EAFI: “La figura se está jugando su futuro. Si al excesivo nivel de normas y requisitos formales se le ponen inconvenientes para generar ingresos, podemos vaticinar un negro futuro”, apostilla.
¿Y para las gestoras?
Los asesores no son los únicos que se verían afectados por esta nueva regulación. Las gestoras de fondos, como proveedores de productos, tendrían también que adaptarse a la nueva regulación. Varias de ellas ya han mostrado su rechazo a la prohibición del cobro de retrocesiones en España, por la falta de madurez del mercado. “Si el marco regulatorio que se acaba imponiendo implica un margen mucho menor, las entidades financieras se van a defender. Ello puede suponer menos medios o profesionales y repercutir negativamente en la calidad de asesoramiento. Además, el crecimiento de la industria nacional va a venir por asesoramiento y gestión de carteras y hay que defender a que sea profesional y de calidad. Muchas entidades ya han colocado asesores de inversiones en oficinas y ha habido un esfuerzo en formación”, explica Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latinoamérica.
Pedro Dañobeitia, consejero delegado de DWS Investments para Iberia y Latinoamérica, también está en contra de esta posible prohibición pues asegura que “si la fórmula funciona por qué cambiarla”. Está convencido que “las retrocesión no es una variable a considerar en la selección de fondos” y asegura que las comisiones de los fondos de inversión están ya muy ajustadas, por lo que no cree que haya beneficios en prohibir el pago de las retrocesiones. Al contrario, considera que el cliente prefiere pagar por el servicio de asesoramiento de esta manera que en pago directo.
“De todas formas el problema con el cliente español es cultural, pues nunca ha tenido comisión explícita de asesoramiento. En general los clientes en España no están dispuestos a pagar por asesoramiento profesional, aunque que debieran estar dispuestos siempre y cuando haya valor añadido”, coincide Rengifo.
De llegar a concretarse esta modalidad se podrían empezar a ver en España las “clases limpias” de fondos, tal como ha sucedido recientemente en el Reino Unido. Allí la prohibición del pago de incentivos a asesores y plataformas es un hecho tras la aprobación antes del verano de la normativa RDR. Pese a que no entra en vigor hasta el próximo año, las gestoras ya se han apresurado a lanzar este tipo de acciones. Se trata de versiones “limpias de comisión” de manera que incluyen tan sólo el porcentaje que cobrará la gestora por el manejo del producto, sin el añadido que hasta ahora incluían para poder hacer frente al pago de retrocesiones a los distintos intermediarios. Así, suelen cobrar un 0,75% frente al 1,5% que cobraban hasta ahora.
Además de esta nueva clase de acción, si conviven en el mercado asesores independientes con los no independientes, la gestora tendría que ser responsable de suministrar a cada uno la clase que le corresponde, con la consiguiente carga administrativa extra que ello supondría.
