Celebran el espíritu de la norma pero temen un menor acceso directo a los datos de algunas compañías y un aumento de la dependencia de proveedores externos.
Ha pasado un mes desde que la Comisión Europea publicara el primer Paquete Omnibus con el objetivo de simplificar el marco normativo en materia de sostenibilidad. Este paquete interviene sobre varias normativas clave que afectan a las inversiones sostenibles. Estas incluyen la CSRD, la CS3D o la Taxonomía de la UE.
De todas las medidas que se contemplan en el Paquete, hay al menos una, la de aplazar hasta 2028 las obligaciones de reporting a medianas y pequeñas compañías, que genera cierta preocupación en el sector. "En sostenibilidad la SFDR establece que hay unas obligaciones con los gestores que tienen que informar. Y si ahora se elimina la información que dan las empresas, ¿qué hacen los gestores?", se preguntaba Ángel Martínez Aldama, presidente Inverco en un encuentro financiero. "Si simplificamos, que sea para todos para evitar un nuevo sesgo a EE.UU. en el acceso a los datos ASG", concluía.
El acceso al dato se complica
No en vano, según explican desde Clarity, esa medida supone excluir al 80% de las entidades obligadas a reportar. Esto dificulta el acceso de los gestores a muchos datos que otras normativas sí les exigen probar para poder clasificar los fondos que gestionan como sostenibles. "Para las entidades gestoras va a implicar una mayor dificultad en la obtención de datos de calidad. En la medida en que estos datos no sean reportados directamente por las empresas, la dependencia de los datos estimados por los proveedores seguirá siendo alta", afirma Alberto Gómez-Reino, responsable de inversión sostenible de BBVA AM.
Y eso complica aún más que se atienda a una de las grandes demandas de los equipos de sostenibilidad de las gestoras: la necesidad de disponer de datos fiables y homogéneos para poder analizar las inversiones que se incluyen en cartera.
Además, según afirma Jorge Urriza, Responsable de sostenibilidad de Ibercaja Gestión, existe el riesgo de que en caso de divergencias entre la información a la que se tiene acceso y la que se debe comunicar al inversor, se produzcan sesgos en las carteras. "La información que nosotros tenemos que tener y la que debemos divulgar debe ser coherente. Si no puede haber un sesgo a determinados sectores o compañías que sí estén obligados a compartir esa información. En sectores con menos impacto de transición se pueden ver más afectados", explica.
Un periodo de calma regulatoria
Con todo, desde el sector sí valoran positivamente el espíritu del Paquete. Este no es otro que el de simplificar ese tsunami regulatorio que ha sido especialmente intenso en todo lo que se refiere a la ISR. El fin es evitar el greenwashing.
"Tras 10 años de una intensa actividad normativa, parece que vamos a parar el reloj. Nos vamos a dar un tiempo para la reflexión buscando ser más competitivos", afirma Jorge Urriza. "Viene una época en la que puede ser una oportunidad para consolidar, homogeneizar y por qué no simplificar todo el camino recorrido en sostenibilidad. Dedicarnos a trabajar en el desarrollo e implementación de toda la normativa que se ha ido generando", coincide en señalar Pablo Hernández de la Merced, responsable de sostenibilidad de CaixaBank AM.
