Aunque en las últimas semanas la crisis griega y la volatilidad de la economía china han acaparado la atención de los inversores, Puerto Rico –que se ha ganado el apodo de ‘la Grecia del Caribe’– también está viviendo su particular odisea.
El pasado 3 de agosto, y por primera vez en los 117 años que lleva bajo la jurisdicción de Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico entró en default al no hacer frente a una amortización de bonos por valor de 58 millones de dólares. Aunque la isla pagó los intereses, por un importe cercano a los 628.000 dólares, no pudo hacer frente al pago del principal.
Lo cierto es que Puerto Rico acumula una deuda de más de 72.000 millones de dólares que muchos consideran insostenible. Entre otros, el gobernador del Estado Libre Asociado, Alejandro García Padilla, quien considera que la deuda no puede pagarse y ha solicitado una moratoria del pago. La situación de la isla resulta particularmente complicada por su estatus híbrido, a medio camino entre un estado de Estados Unidos y una nación soberana, lo que le impide acogerse a la legislación estadounidense que regula las quiebras municipales o estatales (Chapter 9), como hizo Detroit en el verano de 2013.
De hecho, muchos analistas señalan que este impago selectivo (el gobierno de la isla sí atendió el pago de otros bonos ese mismo día) persigue llamar la atención del Congreso estadounidense sobre una medida legislativa que lleva tiempo sobre la mesa y que permitiría que ciertas empresas públicas portorriqueñas tuviesen acceso a los tribunales que gestionan los casos de impago.
Las consecuencias del impago
Independientemente de los motivos, lo que sí está claro es que el default tendrá consecuencias para los tenedores de deuda de Puerto Rico. Como explica Peter Hayes, responsable del equipo de bonos municipales en BlackRock, “cuando el gobierno portorriqueño empiece a negociar la reestructuración de la deuda con sus acreedores, es probable que el precio de los bonos –que el 31 de julio retrocedió hasta su nivel más bajo desde julio de 2009– vuelva a caer”. Hayes sitúa las posibles quitas en el rango del 40-45%, “mucho más de lo que muchos inversores esperan”, lo que podría precipitar las ventas.
Hayes también ve probable que la moratoria sobre el pago de la deuda solicitada se traduzca en una interrupción del pago del cupón. “Hasta ahora, muchos inversores se sentían cómodos con el riesgo porque recibían el cupón pero, si dejan de percibir esas rentas, es probable que vendan sus bonos, empujando el precio aún más a la baja”.
En cualquier caso, el experto anticipa que el proceso legal será largo y complejo, lo que añadirá una considerable volatilidad al precio de estos instrumentos.