A lo largo de este año, el Gobierno ha llevado a cabo diversas iniciativas regulatorias con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el poder adquisitivo de las mismas. Una batería de medidas que está generando dudas entre empresas y empleados. Para aclarar el impacto que todas estas medidas suponen, tanto para unos como para otros, y ofrecer soluciones a los retos que plantean, Mercer ha llevado a cabo una sesión virtual titulada Reforma de las pensiones: su impacto en empresas y empleados.
Actualmente hay tres proyectos normativos en marcha: el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo, que se encuentra en fase parlamentaria. Los Presupuestos Generales del Estado, que modifican diversos aspectos de la Ley del IRPF, así como de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Y, por último, el anteproyecto de Ley, actualmente en fase de consultas, que plantea la creación del llamado superfondo público de pensiones y mejora el acceso a planes de ahorro para aquellos colectivos que hasta ahora no contaban con un mecanismo regulado conveniente, como pymes y autónomos.
Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo
Este Proyecto de Ley no altera las edades de jubilación ordinaria y de jubilación anticipada. Sin embargo, sí modifica la manera de cálculo. Así, en caso de jubilaciones anticipadas por voluntad del trabajador (baja voluntaria o despido improcedente) a partir de enero de 2024 y, de forma progresiva hasta el 2034, afectará al cálculo de las pensiones máximas, donde se aplicarán coeficientes correctores sobre la pensión en vez del 0,5% trimestral por anticipación.
La norma penaliza el adelanto de la jubilación, pero incentiva su retraso con incrementos del 4% de pensión por año de demora, en vez del 2% actual. Asimismo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional afectará, de momento, a las cotizaciones y no a las prestaciones.
“Con estas medidas, el Gobierno pretende aproximar la edad media de jubilación a la edad real, así como incentivar el ahorro colectivo del segundo pilar frente al modelo de ahorro individual, o tercer pilar”, argumenta Antonio Méndez, abogado experto en Previsión Social en Mercer.
Proyecto de Ley de Presupuestos
El Proyecto de Ley de Presupuestos estable dos tramos de aportación, de manera que los empleados podrán aportar hasta 1.500 euros a planes de pensiones individuales con opción de aportarlos ellos o sus empresas a planes de empleo si no se usa esta opción. El segundo tramo de aportaciones permitirá un máximo de 8.500 euros de manera conjunta entre empresa y empleado. Eso sí: con la salvedad de que la aportación empresarial no puede ser inferior a la del trabajador.
Según los analistas de Mercer, estas medidas podrían suponer un aumento de costes para las empresas en sus procesos de salidas y renovación de plantillas. Además, implicaría también una creciente complejidad en cuanto a la planificación e implementación de las políticas de sucesión. Esto podría provocar dificultades para retener el talento y cuellos de botella en el desarrollo de la carrera de empleados más jóvenes.
“La penalización para la jubilación anticipada y la reducción de límites de aportación en los sistemas privados supone un incremento de costes para las empresas y una menor flexibilidad para acceder a la jubilación”, argumenta Marta Pedrero, consultora senior de Previsión Social en Mercer.
Para paliar los efectos, la firma propone implementar nuevas formas de trabajo para empleados más seniors. O la implementación de planes de carrera o sistemas de desvinculaciones. También considera muy relevante trabajar en nuevos modelos de salidas y planes de financiación de las mismas. Por último, considera fundamental incrementar la concienciación y formación financiera de los empleados.
Anteproyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo
Esta reforma prevé la creación por parte del Gobierno de un fondo de empleo público al que puedan acogerse tanto pymes, como autónomos y entidades públicas, sin cerrar la puerta a aquellas empresas privadas que lo deseen, lo que permitirá, según Mercer, que todas estas unidades productivas implementen de una manera más sencilla sistemas de ahorro que mejoren las condiciones económicas de sus trabajadores.
Cada uno de los fondos será adjudicado mediante un concurso al que podrá concurrir cualquier gestora. Para la materialización de esta propuesta seguirá un proceso de negociación colectiva sectorial. Cabe destacar que la nueva normativa ofrecerá a los autónomos la posibilidad de aportar no solo 1.500 euros sino 10.000 euros, dado que ocupan la posición de empleador y empleado a la vez en dichos fondos de empleo.
Posicionamiento del sistema de pensiones español en el mundo
Mercer publicó recientemente su estudio anual de sistemas de pensiones Mercer CFA Institute Global Pension Index. Se trata de un ranking global de 43 sistemas que posiciona a España en el vigésimo cuarto puesto.
En esta última edición, el estudio pone de relieve el buen nivel de la tasa de reposición del sistema de pensiones español. Esto es: la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión. Sin embargo, destaca la incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad del sistema público español.
“El proceso de reforma del sistema de pensiones está provocando cierta incertidumbre en las empresas y empleados del país”, apunta Miguel Ángel Menéndez, director de negocio de Jubilación en Mercer. El sistema público de pensiones necesita una suficiencia de recursos y asegurar la cobertura de las generaciones presentes y futuras”, concluye.
