“¿Cuál es el destino del dinero de los inversores una vez lo invierten?”, se pregunta Francisco Javier Garayoa, director de Spainsif, el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. Esa es la cuestión que la institución, en colaboración con Eurosif y Naciones Unidas, a través de sus Principios para la Inversión Responsable (UNPRI, por sus siglas en inglés), quiere plantear a los inversores españoles. Al menos, así lo ha presentado Garayoa en el Instituto de Empresa de Madrid, acto en el que dio a conocer las conclusiones de su estudio “La inversión socialmente responsable en España” de 2012.
En la actualidad, si siguiésemos el rastro de la ISR en las inversiones españolas, el criterio de la exclusión simple aparece como el más extendido entre las mismas, explica Marta Ferrer, analista de Sostenibilidad de Ecodes, la organización sin ánimo de lucro que ha proporcionado los datos del estudio que Spainsif publica ahora dentro del marco europeo de Eurosif. En concreto, el tabaco, el armamento y la energía nuclear son las exclusiones más comunes que los inversores españoles piden aplicar conforme a criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) en sus productos.
No obstante, “a las entidades españolas les queda mucho camino por recorrer”, reconoce Ferrer, quien considera que, mientras que el sector de la ISR crece y adopta “estrategias más sofisticadas”, este tipo de exclusión “es el paso más sencillo por donde empezar”.
Entre esas estrategias más sofisticadas, la exclusión basada en normas internacionales sería el siguiente escalón a potenciar, explica Garayoa, un criterio que en el resto de Europa está más extendido. El director de Spainsif considera que “la crisis es buen momento para revisar el modelo y los parámetros que se venían aplicando hasta ahora”.
La analista de Ecodes critica la reticencia que presenta el sector financiero a la hora de incorporar estas estrategias sostenibles en sus productos y su gestión y recuerda su actual “bajo nivel de credibilidad”, en concreto el de la banca privada, por lo que subraya la oportunidad que representa la ISR para que estas entidades logren ser “más transparentes”.
Diversificar actores y crear un marco idóneo para la ISR
El organismo de Naciones Unidas para los PRI cuenta en la actualidad con 1.111 signatarios, de los cuales 25 son españoles, lo que representa el 2,2% del total. Por su parte, Spainsif cuenta a nivel nacional con 34 miembros, entre los que se encuentran entidades bancarias (quienes venden los productos), gestoras y aseguradoras (quienes los crean) y sociales y sindicales (que cumplen la función de prescripción e impulso), donde destacan universidades, como la UNED, organizaciones no gubernamentales, como Economistas Sin Fronteras, o sindicatos, como CC. OO. y UGT, entre otras.
Spainsif, sin embargo, quiere ampliar el número de participantes y diversificar el rango de actores, ya que, en opinión de Garayoa, en España “no tenemos grandes actores en la inversión institucional”, en referencia a los fondos de pensiones, el canalizador de la ISR por excelencia en estos momentos.
Además, a juicio de Inés García-Pintos, presidenta de Spainsif, también hace falta crear un marco idóneo por parte de los reguladores españoles para este tipo de filosofía inversora. De esa forma, “no tendríamos tantos aeropuertos innecesarios ni una costa tan degradada”, critica. Para ello, pone a Holanda y a sus “fondos verdes” como ejemplo, los cuales operan combinando una desgravación fiscal y un sello del Ministerio de Medio Ambiente holandés. Sin embargo, reconoce no haber planteado esta cuestión en España por ahora.
Para cumplir esos objetivos, Spainsif no cree necesarias medidas que impongan el uso de criterios ASG, porque irían “en contra del libre mercado”, pero sí en “ofrecer mayor visibilidad a quien lo haga”.