TRIBUNA de David Calabaza, Asset Owners Client Line & Innovation Manager, BNP Paribas Securities Services. Comentario patrocinado por BNP Paribas Securities Services.
A medida que las personas y el planeta se enfrentan a un número cada vez mayor de retos (el calentamiento global, la pandemia COVID-19, la creciente desigualdad) ha quedado claro en los últimos años que la integración y la sostenibilidad de la ESG tienen que pasar al siguiente nivel y aumentar su impacto positivo en los resultados del mundo real.
El camino ha sido más fácil desde 2015, cuando todas las naciones acordaron combatir el calentamiento global con el Acuerdo de París y la aprobación unánime de la agenda sostenible de las Naciones Unidas para 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dentro de esta tendencia, de ahora en adelante, las finanzas sostenibles estarán sujetas a un marco reglamentario europeo reforzado, con el objetivo de alentar, tanto a los inversores como a las empresas, a acelerar la transición hacia una economía que incorpore los impactos ambientales y sociales en sus actividades.
La entrada en vigor el 10 de marzo de 2021 del Reglamento sobre divulgación de información relativa a sostenibilidad en el mercado financiero (SFDR en inglés, Sustainable Finance Disclosure Regulation) forma parte de un movimiento más amplio para desarrollar las finanzas sostenibles en Europa.
SFDR es un importante paso adelante en el camino hacia la transparencia sostenible, al exigir a todos los participantes en los mercados financieros (no solo a las empresas focalizadas en ESG) que revelen cómo gestionan los riesgos de sostenibilidad. Con una mayor transparencia, los inversores comenzarán a tomar medidas para favorecer la financiación de actividades sostenibles, mientras que las inversiones con un alto impacto climático serán menos atractivas.
Europa ha fijado objetivos ambiciosos que exigen el compromiso de todos los agentes económicos para lograr la transición energética de nuestras economías: lograr la neutralidad del carbono para 2050 y limitar las emisiones de CO2 en al menos un 40% para 2030 (en comparación con los niveles de 1990). Aun así, a principios de 2020, la Comisión Europea estimó que el déficit de inversión necesario para alcanzar el objetivo de 2030 requeriría de inversiones adicionales de 260.000 millones de euros al año para 2030(1).
Teniendo esto presente, la Comisión Europea adoptó el Plan de acción de finanzas sostenibles en la primavera de 2018, con la ambición de definir un marco regulador que fomente las inversiones sostenibles. Este marco incorpora la sostenibilidad como criterio para la gestión de riesgos y promueve la transparencia sobre los efectos negativos resultantes de las decisiones de invertir en actividades no sostenibles. En consecuencia, el Reglamento Europeo sobre Taxonomía, establecerá un sistema de clasificación para actividades compatibles con los objetivos medioambientales establecidos para la UE. También exigirá a las empresas con más de 500 empleados, los principales bancos y las compañías de seguros que revelen indicadores cuantificados sobre su contribución a los objetivos de reducción y adaptación al cambio climático a partir del 1 de enero de 2022.
En los próximos meses se espera la aplicación de la nueva Taxonomía (sistema unificado de la UE de clasificación de actividades como ambientalmente sostenibles), la modificación de la normativa sectorial de desarrollo de MiFID II y Directivas UCITS y AIFMD para integrar los riesgos y factores de sostenibilidad, así como el desarrollo de otras iniciativas como la ecoetiqueta de la UE y otros.
Mientras tanto, la obligación de transparencia impuesta a los gestores de productos financieros por la SFDR ayudará a los inversores a identificar y comparar los objetivos ambientales y sociales de los fondos vendidos en Europa. Según el reglamento SFDR, en el caso de los productos del artículo 8 (productos que promueven características ambientales o sociales) y de los productos del artículo 9 (productos con objetivos de inversión sostenibles), los inversores dispondrán de información que les permita evaluar los impactos ambientales negativos y los efectos resultantes en la rentabilidad de sus inversiones.
El reto del acceso y la calidad de los datos
Para evaluar con precisión los resultados positivos o negativos de una inversión y para cumplir el número cada vez mayor de leyes y reglamentos relativos a la sostenibilidad, los inversores tienen una gran necesidad de datos para evaluar la huella de sostenibilidad de sus carteras y presentar los informes requeridos. Estos, a su vez, están presionando a las empresas para que capturen y comuniquen esta información.
Por tanto, la calidad de los datos de ESG proporcionados por las compañías y la accesibilidad de dichos datos se está convirtiendo en un objetivo clave para cumplir con estas nuevas obligaciones de transparencia. La Comisión Europea también ha previsto establecer un punto de acceso único europeo (ECAP) para la información financiera y no financiera relativa a las empresas de todos los Estados miembros, a través de un portal específico, para la segunda mitad de 2021. Por otra parte, el marco reglamentario que se está estableciendo reforzará continuamente las normas impuestas a las empresas, con la próxima revisión de la Directiva sobre información no financiera (NFRD). La presión de los accionistas es otra fuente potencial de influencia para animar a las empresas a adoptar resoluciones encaminadas a cumplir los criterios de ESG.
Por ello, los depositarios nos esforzamos por ayudar a nuestros clientes lo mejor posible en sus propios esfuerzos por combatir el cambio climático, proporcionándoles los beneficios de nuestra experiencia y ofreciendo una amplia gama de soluciones. Estas van desde servicios completos de análisis de riesgos y reporting ESG, monitorización de cumplimientos normativos, así como servicios de participación en Juntas de Accionistas para poder imponer cambios de gobernanza sostenibles, y gestión de las class actions.
Las finanzas sostenibles desempeñan un papel importante a la hora de dirigir el capital de inversión hacia empresas y organizaciones que hagan una contribución real a la consecución de una economía neutral en carbono.
1 Comisión Europea, “Sustainable Europe Investment Plan” 14/01/2020.
