El próximo 2 de agosto se cumple un año desde la entrada en vigor de la conocida como Green MiFID, la modificación de la Directiva MiFID II que obliga a las entidades a preguntar en los test de idoneidad que realizan a sus clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad. Este primer aniversario ha estado marcado por las reclasificaciones que se han visto en varios productos-muchos han pasado de artículo 9 a artículo 8, sobre todo fuera de España- y también por las quejas por parte del sector en cuanto a la complejidad de las preguntas que tienen que formular a sus clientes para determinar cuán de elevado es su interés en invertir de forma socialmente responsable.
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