Una de las claves de los Presupuestos generales del Estado es la que contempla la reducción de las desgravaciones a los planes de pensiones privados, que implica una rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites de aportación a sistemas de previsión social individuales, al tiempo que eleva de 8.000 euros a 10.000 euros el límite para los sistemas de empleo. Una medida que no ha de sorprender si se tiene en cuenta que el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lleva tiempo incidiendo en el plan de empleo como producto para potenciar ese segundo pilar del sistema de pensiones.
La reacción de la industria ha sido, sin embargo, de rechazo, ante lo que consideran “discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española”, según explicaron Inverco y Unespa en un comunicado conjunto, ya que teniendo en cuenta que la mayoría de empresas españolas son pymes y que en el tejido laboral hay muchos autónomos, estos no tienen acceso a planes de empresas. Un hándicap que sin embargo se quiere eliminar con la creación de un fondo de empleo público, como ha anunciado el gobierno. "El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 contiene una modificación sustancial del tratamiento fiscal de la previsión social que, de aprobarse, afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía española", alertan las dos grandes asociaciones del sector.
Sin embargo, lo cierto es que a priori la limitación de las aportaciones máximas a planes de pensiones no debería afectar a un gran número de los partícipes ya que la amplia mayoría está por debajo del tramo de los 8.000 euros anuales que de máximo se pueden aportar a planes de pensiones. En concreto, solo el 0,10% de los partícipes aportó más de esa cantidad a su plan de pensiones en 2019, según los datos de la Dirección General de Seguros y Pensiones. El 65% no aportó, sin embargo, ni un solo euro.
Hay que tener en cuenta que, además, éste sería el segundo recorte a las aportaciones máximas deducibles que se aprueba en cinco años ya que en el año 2015 se aprobó una reforma fiscal por la que, entre otras cosas, se pasó de permitir las aportaciones deducibles de 10.000 euros anuales para los menores de 50 años y de 12.500 para los mayores de esa edad al máximo actual de 8.000 euros independientemente de la edad. Por aquel entonces, solo el 1,19% de los partícipes alcanzaba la aportación máxima anual deducible.
¿Qué paso entonces con el grueso de las aportaciones de la industria? ¿Se vieron afectadas en los años posteriores? Pues, según los datos de Inverco, sí se notó. En 2014, último año con el máximo en 10.000 euros, las aportaciones brutas a los planes de pensiones fueron de 5.234 millones de euros y un año más tarde, ya con la nueva limitación, éstas fueron de 4.728 millones de euros, lo que implicó una caída del 9% anual tras dos años consecutivos de crecimiento.
