Uno de los aspectos de la crisis financiera que más ha transformado el sector financiero ha sido la avalancha de nueva regulación nacional y supranacional aprobada desde 2008, normas relacionadas con el riesgo sistémico y el reforzamiento de los colchones de capital, con cuestiones de gobernanza y supervisión, y con aspectos relacionados con el mercado y la relación con los clientes que aún hoy continúan en proceso de desarrollo e implementación.
Para Marc Brodard, miembro del comité ejecutivo de Schroders & Co Bank AG –división de banca privada de Schroders en Suiza, que gestiona un patrimonio de unos 50.000 millones de euros– la principal consecuencia de toda esta nueva regulación ha sido “el incremento de costes, ya que las entidades se han visto obligadas a reforzar sus sistemas de compliance, de gestión del riesgo, informáticos, de comunicación con clientes, etc. Lógicamente, todas estas nuevas normas han tenido un impacto en los balances y en las cuentas de resultados de las entidades”.
El experto, que participó en el III Foro Inversis de Innovación y Liderazgo celebrado recientemente en Madrid, afirma que este incremento de costes, junto con la prohibición de las retrocesiones, que pueden llegar a suponer el 10-15% de los ingresos de algunas firmas, podrían llegar a poner en jaque la supervivencia de algunas bancas privadas. “Por un lado, el cumplimiento de los requisitos de MiFID II implicará un importante aumento de costes y, por otro, se reducirán los ingresos, lo que presionará los márgenes de la banca privada”. La experiencia en Suiza –donde rige FIDLEG, una norma muy similar a MiFID II– apunta en este sentido. “En los cinco últimos años, el sector de banca privada ha perdido aproximadamente un 50% de margen bruto, y el proceso aún no ha terminado”.
Brodard también considera que el incremento de costes y las exigencias regulatorias harán imperativo que las bancas privadas sean selectivas con respecto a los mercados en los que operan porque “no podrán asumir el coste de estar presente en 10-15 mercados y cumplir con los requisitos de cada uno de ellos”. En este sentido, el experto augura que el proceso de asesoramiento se volverá más complejo y más lento, sobre todo en el caso de los mandatos de asesoramiento transnacionales. La gestión de recomendaciones de inversión, no solo de órdenes de clientes, también se vuelve más compleja en el nuevo escenario que plantea MiFID II dados los nuevos requisitos de formación, certificación y registro que se imponen a los asesores.
Por último, las firmas también tendrán que plantearse si quieren y pueden competir en todos los segmentos en cada uno de los mercados en los que estén presentes y actualizar los contratos de los mandatos para reflejar exactamente qué cubre y qué no cubre cada servicio, ya sea solo ejecución, asesoramiento o gestión discrecional, algo muy relacionado con las comisiones que se cobrarán a los clientes.
“¿Pueden las bancas privadas ofrecer servicios de execution-only?”, se pregunta Brodard. “No lo creo. El auténtico valor añadido de la banca privada está en el asesoramiento así que, para que sea se posible, las entidades tendrán que segmentar claramente a esos clientes y conseguir que realicen las operaciones por sí mismos, prácticamente sin intervención humana porque, de otra forma, será muy difícil probar que no ha habido asesoramiento. Así que, en mi opinión, la mayoría de las bancas privadas se limitarán a ofrecer a sus clientes asesoramiento o gestión discrecional”.
