Este tipo de vehículos, que no están sujetos a las mismas restricciones que los fondos tradicionales, ha experimentado un crecimiento durante el último año.
No son pocas las gestoras que han ampliado su programa de actividades en el último año. También ha sido el caso de EDM Gestión que, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha modificado su programa de actividades para incluir la administración, representación y gestión de las inversiones y gestión de las suscripciones y reembolsos de IIC de inversión libre.
Desde la propia gestora explican que "se trata de un cambio administrativo para dotar a la gestora de recursos de cara a posibles futuros proyectos". De momento, no han querido confirmar si tienen pensando lanzar algún producto específico a corto plazo.
En los últimos años, los bajos tipos de interés, la búsqueda de rentabilidad y el apetito por alternativas a la financiación a las empresas (agravado por la pandemia) están haciendo que el foco de inversores y gestoras vuelva al mundo alternativo. Gracias a sus características, los fondos de inversión libre (FIL) y las sociedades de inversión libre (SIL) están siendo unos de los vehículos elegidos para canalizar inversiones.
Un producto en crecimiento
A diferencia de los fondos tradicionales, los fondos de inversión libre no están sujetos a las restricciones de inversión establecidas para la mayor parte de los fondos: pueden invertir en cualquier tipo de activo, seguir la estrategia de inversión que consideren más apropiada y endeudarse en mayor medida que el resto de los fondos (hasta varias veces su patrimonio). En general, son productos poco líquidos, ya que tienen la posibilidad de permitir los reembolsos sólo cada tres o seis meses.
Por tanto, la inversión en fondos de inversión libre "puede llevar aparejada significativos niveles de riesgo", advierten desde la CNMV. Debido a sus especiales características, se dirigen a clientes profesionales (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones...), o clientes no profesionales pero con una inversión mínima de 100.000 euros y dejando constancia por escrito de que se conoce los riesgos de la inversión.
