La Covid-19 no ha cambiado todo. En algunos casos simplemente ha puesto encima de la mesa situaciones que ya se venían arrastrando de antes. Una de ellas es el envejecimiento de la población en nuestro país. España es el segundo país más longevo del mundo, solo por detrás de Japón. Según la OMS los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto de los años hasta los 83 lo harán de forma dependiente. Ante estos datos, el sistema público de pensiones español se enfrenta a importantes retos. Su gasto aumentó desde el 6,9% del PIB en 2007 al 10,3% en 2019, según datos del Banco de España. ¿Las razones? Menor tasa de empleo, durante la crisis anterior (elemento cíclico), y las mayores tasas de dependencia y pensiones medias, posteriormente (elemento estructural). Además, el punto de partida de esta nueva crisis sitúa a la seguridad social en peor posición. Mientras que en la anterior crisis la enfrentaba con un superávit medio del 1,2%, ahora presenta un déficit del 1,3% del PIB a cierre de 2019. El panorama es complicado, pero es aquí donde el ahorro privado puede prevenir la hecatombe del sistema público de pensiones.
Varios informes presentados en semanas anteriores por el Banco de España y el Consejo General de Economistas han dejado patente la necesidad acuciante de enfrentar el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Según el informe del Consejo General de Economistas, la economía española afronta compromisos financieros por envejecimiento por un importe del 24,6% del PIB hasta 2030. ¿De qué manera se puede financiar? Pues el escenario macroeconómico que nos encontramos no es muy halagüeño. Las previsiones del Banco de España en el escenario más optimista prevé una caída del PIB para este año de más del 10%, un déficit que se situará entre un -10,8% y -12,1% del PIB, con una deuda que aumentará significativamente en 2020 y mostrará una persistencia elevada en los próximos años.
La revisión de las últimas modificaciones a las reformas de 2011 y 2013 en materia de pensiones, aumento de la edad de jubilación e incremento de los salarios son algunas de las palancas o mecanismos de ajuste que mencionan estas instituciones, pero nos centramos en el papel del ahorro privado. “Contraponer lo privado y público en este aspecto no debe importar. Cada euro que cree valor debe seguir circulando”, así se manifestaba Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, en la presentación del estudio “El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral”, realizado por el Consejo General de Economistas.
La situación de partida
Los datos que expone el informe presentado por el Banco de España ‘COVID-19: Perspectivas económicas y sostenibilidad del estado de bienestar’, ofrecen la siguiente fotografía: en 2017, en un 23% de los hogares españoles alguno de sus miembros poseía un plan de pensiones individual , 6 pp menos que la media del Eurosistema. Sin embargo, volumen mediano acumulado entre los hogares españoles que poseen un fondo de pensiones individual representa en torno a un 27% de su renta bruta anual, similar a la del resto del Eurosistema (ver gráfico).
Fuentes: Household FInance and Consumption Survey (2017) y EFF (2017). Informe: ‘COVID-19: Perspectivas económicas y sostenibilidad del estado de bienestar’, Banco de España
El Consejo General de Economistas ofrecía otros datos que nos dibujan un perfil del español muy ligado a los activos inmobiliarios. Del total del ahorro familiar, el 74% está invertido en activos inmobiliarios (casi un 50% es la vivienda habitual y el 24% restante son segundas viviendas, suelo u otro tipo de bien inmueble). Nada nuevo en cualquier caso.
Ante estos datos, ¿de qué manera incentivar el ahorro privado? Ambos informes subrayan la necesidad de reformar y revisar los incentivos fiscales al ahorro ya que parecen tener en la actualidad un efecto limitado en la generación de nuevo ahorro. El Consejo General de Economistas concreta más y apunta como vías para reorientar la inversión de las familias las siguientes opciones: incrementar la oferta de productos y servicios de inversión, como fondos que invierten en función del ciclo vital (life-cycle funds), mecanismos de conversión en liquidez de la vivienda (hipotecas inversas y rentas vitalicias) y planes de ahorro sistemático o seguros (unit-linked). Por otro lado, también apunta a los planes de empleo. "Apostar por una implantación ambiciosa de sistemas de previsión social complementaria con reforma de los costes de gestión financiera y combinación de la contribución tanto a la Seguridad Social como a un plan de empleo", explica el informe. Según los datos que desprende, el patrimonio acumulado en planes de empleo apenas ha ascendido en dos décimas de PIB desde el año anterior (2,8% último dato disponible de 2018).
Por último, lo que dejaron patente ambos informes es que no solo es relevante el destino de inversión sino también cómo se implementa y qué seguimiento se hace de ella. En este sentido, se hace necesario y esencial una correcta planificación financiera.