El private equity español ha dado un salto significativo en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), pero ese avance es más formal que estructural. Las gestoras han incorporado políticas, reporting y marcos de referencia de forma generalizada, aunque todavía no consiguen trasladar ese esfuerzo a la medición del riesgo, la diferenciación de estrategias o la rendición de cuentas ante los inversores.
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